Treinta organizaciones ambientales y comunitarias advirtieron que la fracturación hidráulica mantiene riesgos de contaminación de acuíferos, sismos inducidos y afectaciones a la salud.
Treinta organizaciones ambientales y comunitarias rechazaron este jueves la evaluación presentada por el Gobierno de México sobre el uso de la fracturación hidráulica, conocida como fracking, y exigieron su prohibición en todo el territorio nacional.
Los colectivos cuestionaron que el comité científico convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum haya planteado continuar los estudios sobre esta técnica en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, localizadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Aunque los especialistas descartaron aplicar el procedimiento en la cuenca de Tampico-Misantla por sus posibles impactos sociales y ambientales, las organizaciones consideraron insuficiente la decisión.
A su juicio, mantener abierta la posibilidad de utilizar fracking en otras regiones del noreste del país supone exponer a comunidades que ya enfrentan problemas de escasez de agua.
Exigen prohibición constitucional
Las organizaciones reclamaron una prohibición constitucional del fracking como medida para garantizar los derechos a la salud y a un medio ambiente sano.
También criticaron la composición del comité encargado de evaluar la técnica, debido a que, según señalaron, no incluyó representantes de las comunidades potencialmente afectadas ni suficientes especialistas en áreas como epidemiología, derechos humanos y territorios indígenas.
En su posicionamiento, las ONG cuestionaron además el enfoque de la evaluación oficial al considerar que se concentró en determinar cómo reducir los impactos del fracking, en lugar de analizar si la técnica debería utilizarse en México.
“Tratarlo solo como ingeniería es ya una forma de manipular el debate”, advirtieron.
Cuestionan alternativas para reducir daños
Uno de los puntos centrales de la discusión es la posibilidad de utilizar agua salada, sistemas de reciclaje y nuevos aditivos para disminuir los efectos ambientales asociados con la fracturación hidráulica.
Las organizaciones sostienen que estas alternativas todavía presentan limitaciones y que no existe evidencia científica suficiente para asegurar que eliminen los riesgos.
Entre los posibles impactos señalaron la contaminación de acuíferos, fugas de metano, sismos inducidos y daños a la salud de las poblaciones cercanas a las zonas de extracción.
También cuestionaron que la evaluación no detalle con suficiente precisión cómo se administrarían los residuos generados durante el proceso.
Preocupación por aguas residuales
Las ONG advirtieron especialmente sobre el manejo de las aguas residuales provenientes de los pozos.
De acuerdo con los colectivos, la inyección de estos líquidos en el subsuelo puede aumentar el riesgo de contaminación y estar asociada con movimientos sísmicos inducidos.
Además, señalaron que los procesos para tratar estos residuos pueden resultar costosos y no siempre consiguen eliminar por completo metales, compuestos disueltos y materiales radiactivos presentes en el agua utilizada durante la extracción.
Las organizaciones también pidieron establecer mecanismos que garanticen información pública sobre la ubicación, volumen y composición química de los residuos generados por los proyectos.
Fracking requeriría miles de pozos
Las organizaciones citaron una investigación de CartoCrítica, según la cual explotar apenas el 10 por ciento de los recursos prospectivos de gas no convencional en México podría requerir la perforación de más de 25 mil pozos.
El desarrollo de esos proyectos demandaría aproximadamente mil 923 millones de metros cúbicos de agua dulce, de acuerdo con las estimaciones citadas.
El uso intensivo del recurso hídrico representa una de las principales preocupaciones debido a que buena parte de las regiones con potencial para este tipo de extracción se encuentran bajo condiciones de estrés hídrico.
Las ONG estimaron que más de seis millones de personas viven dentro de las zonas con potencial de extracción de hidrocarburos no convencionales o en sus áreas de influencia.
También señalaron que aproximadamente ocho de cada diez litros de agua que serían necesarios para desarrollar proyectos de fracking se utilizarían en regiones consideradas de alto riesgo hídrico.
Organizaciones mantienen presión contra el fracking
El posicionamiento fue firmado por alrededor de 30 organizaciones y colectivos ambientales, entre ellos la Alianza Mexicana contra el Fracking, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México y Noreste Sin Fracking.
Las agrupaciones insistieron en que la discusión sobre la fracturación hidráulica debe incorporar no solamente criterios técnicos y energéticos, sino también sus consecuencias sociales, ambientales y sanitarias.
El debate sobre el fracking vuelve así al centro de la política energética mexicana, con organizaciones civiles que demandan una prohibición nacional frente a una evaluación oficial que mantiene abierta la posibilidad de estudiar su utilización en algunas cuencas del noreste del país.
