Exsecretario de Seguridad de Sinaloa comparecerá ante corte de Nueva York en junio

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El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida, deberá presentarse nuevamente ante un tribunal federal de Nueva York el próximo 1 de junio, como parte del proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y protección al Cártel de Sinaloa.

La Corte del Distrito Sur de Nueva York fijó la fecha de la próxima audiencia luego de que Mérida fuera detenido el pasado 11 de mayo en Arizona y presentado oficialmente ante la justicia estadounidense cuatro días después.

Durante su primera comparecencia, el exfuncionario se declaró no culpable de los delitos que le atribuye la Fiscalía federal, entre ellos conspiración para importar narcóticos, posesión ilegal de armamento y conspiración para poseer armas de fuego. Las acusaciones podrían derivar en una sentencia de cadena perpetua en caso de ser encontrado culpable.

Documentos judiciales revelaron además que el tribunal le asignó una defensora pública después de que Mérida asegurara bajo declaración financiera no contar con recursos suficientes para contratar representación privada.

La defensa quedó a cargo de la abogada Sarah Krissoff, reconocida litigante de Nueva York con experiencia previa dentro de la misma corte federal donde se desarrolla el caso.

Las autoridades estadounidenses consideran a Mérida una figura clave dentro de la llamada “trama Rocha Moya”, investigación que involucra presuntos nexos entre funcionarios sinaloenses y el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la acusación, integrantes de la estructura política y mandos de seguridad ligados al gobernador Rubén Rocha Moya habrían recibido sobornos millonarios y respaldo electoral a cambio de brindar protección al grupo criminal y facilitar sus operaciones con impunidad.

Gerardo Mérida, general retirado del Ejército mexicano, es señalado como uno de los principales implicados en la investigación encabezada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, una causa que ha incrementado la presión política y judicial sobre el entorno del gobierno sinaloense.

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