El Gobierno de Estados Unidos puso en marcha este lunes el proceso para devolver aproximadamente 166 mil millones de dólares en aranceles que fueron declarados ilegales por la Corte Suprema en febrero, en un fallo que desmanteló una pieza clave de la política comercial impulsada por el presidente Donald Trump.
La primera fase del programa, gestionada por el Servicio de Aduanas, contempla el reembolso inicial de unos 127 mil millones de dólares a empresas afectadas. Para ello, se habilitó el sistema digital CAPE, que en esta etapa atenderá a cerca del 63% de las compañías elegibles, permitiéndoles presentar la documentación necesaria para recuperar los pagos realizados.
Esta fase se enfoca en aranceles que aún estaban bajo revisión federal y no habían sido liquidados de forma definitiva. Una vez aprobadas las solicitudes, las autoridades estiman que los pagos se realizarán en un plazo de entre 60 y 90 días. Posteriormente, el sistema se ampliará para incluir devoluciones de cobros más antiguos.
El proceso ocurre en medio de una oleada de litigios: más de tres mil empresas, entre ellas gigantes como Costco y FedEx, han demandado al Gobierno para garantizar la recuperación de estos fondos. Algunos de estos casos ya estaban en curso antes del fallo judicial.
Durante la vigencia de los aranceles, las empresas enfrentaron decisiones complejas: absorber los costos, reducir importaciones o trasladar el aumento a los consumidores. Expertos señalan que, en la mayoría de los casos, los consumidores no recibirán compensaciones por los precios más altos pagados.
El origen del conflicto radica en la decisión de la Corte Suprema, que con una mayoría de 6 votos contra 3 determinó que el presidente no tenía autoridad para aplicar estos aranceles en tiempos de paz bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977.
La resolución afecta particularmente a los llamados aranceles “recíprocos” impuestos a diversos socios comerciales, así como a gravámenes adicionales del 25% dirigidos a México y Canadá, que buscaban presionar a ambos países en temas como el tráfico de fentanilo.
Tras el fallo, Trump reaccionó implementando un nuevo arancel global temporal del 10% bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esta medida, vigente desde el 24 de febrero, tiene una duración limitada de 150 días y expirará el próximo 23 de julio, salvo que el Congreso autorice su extensión.
El episodio marca un punto de inflexión en la política comercial estadounidense, evidenciando los límites legales del poder ejecutivo y abriendo un complejo capítulo de compensaciones económicas que podría redefinir la relación entre el Gobierno y el sector empresarial.
