Miles de personas, entre ellas estudiantes, activistas y ciudadanos, salieron a las calles de distintas ciudades de Michoacán para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante los festejos del Día de Muertos.
Las manifestaciones se registraron en Morelia, Uruapan y Zamora, donde los participantes portaron pancartas con mensajes como “No más impunidad”, “Ser valiente no debe costar la vida” y “Michoacán exige justicia”.
De acuerdo con medios nacionales e internacionales, como El País y Reuters, las protestas reflejan la creciente frustración social por la violencia que afecta al estado y por la percepción de que los crímenes contra autoridades locales y ciudadanos quedan impunes o sin castigo efectivo.
En Morelia, cientos de personas se concentraron frente al Palacio de Gobierno, donde colocaron veladoras y flores en memoria del edil asesinado. Entre los asistentes se encontraban jóvenes universitarios, organizaciones civiles y familiares de víctimas de la violencia, quienes unieron sus voces para exigir que el crimen no quede impune.
“Carlos Manzo representaba a los que no tienen miedo de decir la verdad. Si lo matan a él, ¿quién nos va a defender?”, expresó una estudiante de la Universidad Michoacana durante la concentración.
Las manifestaciones se desarrollaron de manera pacífica, aunque con una fuerte presencia de elementos de seguridad estatal.
El homicidio de Manzo —quien había denunciado públicamente amenazas del crimen organizado y criticado la falta de acción del gobierno estatal— ha reavivado el debate sobre la eficacia de las políticas de seguridad en Michoacán.
Un reportaje de El País señaló que el caso del alcalde “desafía la narrativa oficial de que los homicidios van a la baja”, destacando que Michoacán sigue siendo uno de los estados más golpeados por la violencia criminal.
La indignación ciudadana también ha sido alimentada por las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que Manzo “contaba con protección federal” al momento del ataque, aunque no se ha aclarado cómo ocurrió el crimen pese a esa supuesta vigilancia.
Carlos Manzo Rodríguez, exdiputado de Morena y alcalde independiente de Uruapan, era conocido por su postura frontal contra el crimen organizado.
En múltiples declaraciones había advertido que, si las autoridades no actuaban contra la violencia, “el pueblo se levantaría en armas”.
Su asesinato durante un acto público provocó conmoción nacional y ha convertido su figura en símbolo de la resistencia ciudadana frente al poder del narco en la región.
Al cierre de la jornada, los manifestantes reiteraron su exigencia de que se esclarezca el crimen y se castigue a los responsables.
En Uruapan, familiares y simpatizantes del alcalde organizaron una marcha con veladoras y un altar en su honor frente al palacio municipal.
“No queremos más discursos, queremos justicia real”, gritaban los asistentes mientras se entonaban consignas contra la violencia y la corrupción.
El homicidio de Carlos Manzo ha encendido nuevamente las alarmas sobre la seguridad de los funcionarios locales en México y ha colocado a Michoacán en el centro de la atención nacional e internacional.
Mientras la Fiscalía estatal y el Gobierno federal prometen resultados, la ciudadanía exige algo más concreto: que el valor de alzar la voz no se pague con la vida.
