El Gobierno de México ha iniciado los preparativos para implementar la nueva CURP biométrica, una versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población que incorporará datos sensibles como huellas dactilares, reconocimiento facial, iris y firma digital. Aunque se presenta como un gran avance tecnológico en materia de identificación y seguridad, diversos sectores advierten sobre riesgos serios para la privacidad y la protección de datos personales.
¿Qué es la CURP biométrica?
Esta nueva credencial será obligatoria para todos los ciudadanos mexicanos y residentes legales. Servirá como un documento de identificación oficial para trámites públicos y privados, y se integrará con una Plataforma Única de Identidad que pretende centralizar todas las bases de datos del gobierno. Uno de los principales objetivos es agilizar la localización de personas desaparecidas.
¿Qué opinan sus promotores?
Para las autoridades, la CURP biométrica representa un paso firme hacia la modernización del Estado. Se espera que con esta tecnología se reduzcan los casos de suplantación de identidad, se agilicen trámites burocráticos y se mejoren los servicios digitales del gobierno. Algunos estados como Veracruz ya han iniciado programas piloto.
Las voces en contra
No todo es entusiasmo. Organismos de derechos digitales y especialistas en ciberseguridad han advertido que la centralización de datos biométricos podría derivar en un sistema de vigilancia masiva. Además, se teme que, en caso de una filtración o ciberataque, la ciudadanía quede expuesta a delitos como fraudes, robo de identidad o incluso persecución política.
“Estamos hablando de información que no se puede cambiar como una contraseña. Una vez que tus huellas o tu rostro se filtran, no hay vuelta atrás”, advirtió un experto en privacidad.
¿Y ahora qué sigue?
La reforma legal ya fue aprobada y la CURP biométrica podría comenzar a implementarse de forma progresiva a partir de 2025. Su entrada en vigor depende de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Aunque se trata de una medida que podría beneficiar la digitalización del país, su éxito dependerá de que el gobierno garantice transparencia, seguridad de datos y un marco jurídico que respete los derechos fundamentales de los ciudadanos.
