El desencuentro entre la Presidencia de la República y la defensa de Ovidio Guzmán López escaló ayer a un terreno inédito: la mandataria Claudia Sheinbaum anunció una demanda por difamación contra Jeffrey Lichtman, el abogado de “El Ratón”, tras ser acusada de servir como “brazo de relaciones públicas del narcotráfico” y de encubrir supuestas negociaciones corruptas con autoridades estadounidenses.
Este cruce de acusaciones no es un mero rifirrafe retórico, sino un síntoma de las tensiones que cruzan la cooperación judicial entre México y Estados Unidos. Por un lado, la defensa de Guzmán López ha pintado al gobierno mexicano como aliado tácito de los cárteles, evocando el episodio del general Salvador Cienfuegos en 2020 —detenido en EU y liberado en México— como prueba de un pacto de impunidad. Por el otro, Sheinbaum —resuelto a salvaguardar la imagen de su administración— ha declarado que no permitirá “ningún diálogo con la defensa de un narcotraficante” y que acudirá a tribunales para restituir el honor presidencial.
- Frente electoral y político. A menos de dos años de la próxima elección presidencial, cualquier atributo de corrupción o connivencia con el crimen organizado se vuelve munición contra el oficialismo. La demanda, más allá de reputaciones, busca marcar una línea clara: el Ejecutivo no cederá ante señalamientos que, según su versión, carecen de base fáctica.
- Cooperación internacional. El caso de Ovidio Guzmán ha puesto en jaque las relaciones bilaterales en materia de seguridad. EU exige participación activa de México en procesos de extradición y en la investigación de redes delictivas; la contraparte mexicana reclama respeto a su soberanía y al debido proceso. Esta disputa pública complica la interlocución de ambos gobiernos.
- Mensaje interno. Al desafiar legalmente a Lichtman, Sheinbaum lanza un mensaje a actores nacionales: no tolerará filtraciones ni acusaciones impunes en tribunales extranjeros, y reforzará los canales formales de comunicación con sus pares estadounidenses.
La demanda por difamación, instruida a la Consejería Jurídica a cargo de Ernestina Godoy, requerirá probar que las imputaciones de Lichtman atentaron “contra el honor y la buena reputación” de la Presidencia. Aunque México registra pocos juicios de este tipo contra actores extranjeros, el precedente podría disuadir a futuros señaladores y sentar un lími
- Etapa probatoria. Lichtman tendrá que presentar pruebas de sus acusaciones o enfrentar una posible condena por difamación en tribunales mexicanos.
- Reacción pública. La opinión pública, ávida de versiones encontradas, evaluará si estas acusaciones exhiben fallas de la administración o si, por el contrario, se trató de un ataque político-calculado.
- Diálogo bilateral. En lo inmediato, ambos gobiernos deberán reconstruir puentes de confianza para no afectar investigaciones conjuntas contra el narcotráfico, que siguen siendo una prioridad en la agenda de seguridad.
En este choque de poder y retórica, lo cierto es que las acusaciones cruzadas fortalecen la percepción de un México en tensión: entre la urgencia de combatir al crimen organizado y la defensa de su imagen soberana, el gobierno de Sheinbaum enfrenta un desafío de alta magnitud. Y si la justicia media la disputa, el país observará si prevalecen las pruebas o si el escándalo se salda en los pasillos de los juzgad
