En uno de los operativos migratorios más grandes en la historia de California, agentes federales detuvieron ayer a 361 personas en dos fincas de cultivo de cannabis en el condado de Ventura. La acción, coordinada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, se llevó a cabo en las instalaciones de Glass House Farms en Camarillo y Carpinteria y concluyó con la localización de 14 menores y la muerte de un trabajador que cayó desde el techo de un invernadero mientras intentaba escapar.
La redada comenzó en las primeras horas de la mañana, cuando los oficiales irrumpieron en las dos plantaciones utilizando gas lacrimógeno y munición “menos letal” para dispersar tanto a empleados como a grupos de manifestantes que trataban de bloquear los accesos. Testigos describieron escenas de confusión y enfrentamientos físicos, en los que varias personas resultaron heridas antes de que los agentes completaran las detenciones.
Entre los arrestados había trabajadores sin documentación y algunos con antecedentes penales, incluidos delitos graves, lo que elevó la preocupación de organizaciones de derechos humanos por posibles abusos de poder. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió el operativo como “estrictamente legal y necesario para hacer cumplir la ley migratoria”, y anunció que apelarán cualquier restricción judicial sobre métodos de identificación basados en la apariencia física.
Por su parte, el senador Alex Padilla calificó la redada de “desproporcionada” y la atribuyó a políticas de cuotas de arresto que, en su opinión, priorizan las cifras sobre los derechos individuales. “Esta agresividad pone en riesgo vidas inocentes y siembra miedo en nuestras comunidades agrícolas”, señaló Padilla en un comunicado.
La muerte del trabajador, identificado como Jaime Alanis, de 57 años, ha generado un profundo malestar. Según familiares, Alanis llevaba una década trabajando en la granja y cayó de una altura de casi nueve metros al intentar huir del operativo. Las autoridades federales aseguran que no lo perseguían directamente, pero investigan los hechos para determinar responsabilidades.
Grupos como United Farm Workers y diversas ONG han exigido una investigación independiente sobre el uso de la fuerza y el trato dado a los menores rescatados, algunos de los cuales podrían haber sido víctimas de explotación laboral. Mientras tanto, la redada intensifica el debate sobre las prácticas migratorias en el sector agrícola y la vulnerabilidad de miles de familias que dependen de este tipo de empleo estacional.
