La Corte Suprema de Estados Unidos otorgó una victoria clave al presidente Donald Trump al permitir que su decreto para limitar la ciudadanía por nacimiento avance legalmente, levantando los bloqueos impuestos por tribunales federales en tres estados.
¿Qué implica el fallo?
Con una votación de 6 a 3, la mayoría conservadora del tribunal no se pronunció sobre el contenido constitucional de la orden, sino sobre una cuestión técnica: la autoridad de los jueces federales para bloquear de forma nacional decisiones del Ejecutivo. El fallo sostiene que los tribunales no pueden exceder su poder imponiendo suspensiones generales sin un proceso más profundo.
La jueza Amy Coney Barrett, en la opinión mayoritaria, advirtió que los tribunales “no ejercen una supervisión general sobre el poder ejecutivo”, y recordó que solo pueden actuar dentro de los límites del Congreso.
La orden de Trump, firmada el 20 de enero —día de su toma de posesión— propone negar la ciudadanía automática a hijos de padres indocumentados o con estatus migratorio temporal. Aunque sigue en pausa, entrará en vigor dentro de 30 días, lo que abre una ventana crítica para que los opositores busquen nuevas vías legales para detenerla.
Reacciones y consecuencias
- La jueza Sonia Sotomayor leyó su voto disidente desde el estrado, calificando la decisión como una renuncia del poder judicial a su deber constitucional.
- Ketanji Brown Jackson, también en disenso, alertó que permitir que la orden entre en vigor sin revisar su contenido supone una “amenaza existencial” al Estado de derecho.
- Unos 255 mil bebés podrían verse afectados anualmente si se implementa la medida, según el Migration Policy Institute.
Para los críticos, este derecho está garantizado por la Enmienda 14 de la Constitución, que otorga la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
¿Qué sigue?
El fallo permite al Gobierno implementar la orden dentro de un mes, a menos que nuevas demandas colectivas o medidas judiciales frenen su ejecución. El caso también podría sentar precedente sobre el alcance de los poderes presidenciales y la autoridad de los tribunales federales.
