Cuando Estados Unidos acusó a Genaro García Luna de vínculos con el narcotráfico, el gobierno mexicano saltó de júbilo. No había sentencia ni pruebas públicas, pero eso no impidió que desde Palacio Nacional se dieran veredictos exprés, editoriales mañaneras y hasta documentales en horarios estelares.
Ahora, en un curioso giro del destino, la misma justicia gringa lanza acusaciones de lavado de dinero y colaboración con cárteles contra tres instituciones mexicanas, entre ellas Vector Casa de Bolsa de Alfonso Romo, el empresario estrella de la 4T y exjefe de Oficina de AMLO… y de repente el tono cambia.
Cuando el señalado es “el amigo”
El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a CIBanco, Intercam y Vector, acusándolos de ayudar a cárteles a mover millones de dólares y fentanilo. ¿Y cuál fue la reacción del gobierno mexicano? Nada de emoción esta vez. Ahora exigen pruebas contundentes, reclaman “soberanía” y piden no hacer juicios anticipados.
Porque claro, cuando el acusado es uno de los suyos, hay que “esperar a que se presenten las evidencias”.
Alfonso Romo, de Vector, ha negado toda relación con el narco, como si su firma no estuviera bajo la lupa del gobierno estadounidense. Y la CNBV, muy institucional, ya tomó el control temporal de los bancos. Pero, a diferencia de otros casos, aquí no hubo mañanera con gráficos ni mención especial.
Y pensar que cuando fue García Luna, bastó una nota de prensa para que los medios oficialistas pidieran cadena perpetua. Hoy, en cambio, hablan de “ataques” y “conspiraciones financieras”.
CIBanco, cuyo presidente Jorge Rodrigo Rangel ha sido vinculado con operaciones sospechosas, fue señalado por permitir el flujo de precursores desde China. El golpe fue tal que S&P y Fitch le cortaron la calificación como si fuera tarjeta de crédito vencida.
Pero no se preocupen, el gobierno asegura que todo es un malentendido, y que los gringos se equivocaron… otra vez.
Quizá lo que molesta al gobierno no es que Estados Unidos acuse a banqueros cercanos a la 4T. Lo que realmente irrita es que esta vez les tocó a los suyos. Porque al parecer en México, la justicia internacional solo es válida cuando el acusado es “el otro”.
