El Gobierno del presidente Donald Trump endurece su política migratoria con una nueva norma federal que impone multas económicas de hasta 998 dólares por día a inmigrantes que incumplan intencionalmente una orden de deportación, en un intento por presionar su salida voluntaria del país.
La disposición, publicada en el Registro Federal, fue emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) junto con el Departamento de Justicia (DOJ), y busca acelerar el proceso de penalización para quienes no acaten resoluciones de deportación emitidas por las autoridades migratorias.
Multas más severas y menos tiempo de aviso
Además de la sanción diaria, la nueva regla contempla multas que oscilan entre los 1,992 y 9,970 dólares para inmigrantes que no respeten órdenes de salida voluntaria, y entre 100 y 500 dólares para quienes ingresen ilegalmente a Estados Unidos.
Uno de los cambios más significativos es la eliminación del periodo de gracia de 30 días. Hasta ahora, el gobierno debía notificar con antelación antes de aplicar cualquier cobro; con la nueva norma, las sanciones podrán notificarse por correo postal y el proceso de impugnación será más expedito.
“El DHS considera que la naturaleza de las sanciones justifica la necesidad de procedimientos más ágiles”, explica el documento oficial.
Justificación del gobierno
Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, defendió la medida argumentando que “la ley no se aplica sola” y que quienes se encuentran en EE.UU. sin documentos deben enfrentar consecuencias claras y disuasorias. Según la funcionaria, estas sanciones son un incentivo para que los inmigrantes opten por autodeportarse utilizando la app CBP Home.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha retomado desde el 13 de junio la emisión de multas, con cerca de 10,000 avisos ya enviados, reveló la administración.
Contexto y reacciones
Este movimiento se enmarca dentro del enfoque de línea dura que ha caracterizado al segundo mandato de Trump en materia migratoria. La medida ha encendido alertas en organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el carácter punitivo y la carga económica que implica para personas y familias vulnerables.
Además, como se trata de una norma publicada oficialmente, cualquier persona podrá enviar comentarios o impugnaciones a través del Registro Federal antes de su entrada en vigor formal.
