Capital One aseguró que el cierre de más de 300 cuentas bancarias vinculadas a Donald Trump, su familia y empresas de la Organización Trump obedeció a preocupaciones relacionadas con posibles riesgos de lavado de dinero y no a motivos políticos, como sostiene el expresidente de Estados Unidos en una demanda presentada contra la institución financiera.
La revelación fue realizada en un documento entregado ante una corte federal de Florida, donde el banco solicitó que el caso sea desestimado al argumentar que la decisión fue tomada tras una revisión interna realizada por su equipo especializado en prevención de lavado de dinero, conforme a sus políticas de cumplimiento y a la regulación bancaria estadounidense.
Según Capital One, el análisis detectó patrones de operaciones que justificaban una evaluación más estricta bajo los protocolos de prevención de delitos financieros. No obstante, la institución aclaró que ello no significa que haya acusado formalmente a Donald Trump o a sus empresas de haber cometido el delito de lavado de dinero.
La demanda fue presentada por la Organización Trump, que sostiene que el cierre de las cuentas respondió a una supuesta persecución política derivada de los acontecimientos ocurridos tras el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.
Capital One rechazó esa versión y afirmó que la decisión nunca fue anunciada públicamente, además de que otorgó un plazo para que las empresas involucradas trasladaran sus recursos a otras instituciones financieras antes del cierre definitivo de las cuentas.
El banco también explicó que las leyes federales sobre secreto bancario le impiden revelar detalles específicos de las investigaciones internas relacionadas con la prevención de lavado de dinero, por lo que no puede hacer públicos los reportes utilizados para justificar su decisión.
Este caso se suma a otros litigios iniciados por Donald Trump contra diversas instituciones financieras, entre ellas JPMorgan Chase, a las que acusa de haber restringido sus servicios por razones políticas. Las entidades bancarias, por su parte, sostienen que todas sus decisiones fueron tomadas con base en evaluaciones de riesgo, cumplimiento regulatorio y obligaciones legales en materia de prevención de delitos financieros.
El litigio continúa en los tribunales estadounidenses y podría sentar un precedente sobre el alcance de las facultades de los bancos para cancelar relaciones comerciales con clientes considerados de alto riesgo, así como sobre el equilibrio entre la confidencialidad bancaria y el interés público.
