El Congreso de la Unión recibió una iniciativa de reforma constitucional que busca impedir que personas con doble nacionalidad puedan contender por la Presidencia de la República, gubernaturas estatales o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, salvo que renuncien previamente a su otra nacionalidad.
La propuesta fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y plantea modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El objetivo central es establecer que quienes aspiren a los cargos más altos del Poder Ejecutivo federal y de las entidades federativas cuenten únicamente con la nacionalidad mexicana al momento de su registro.
En términos prácticos, una persona con ciudadanía mexicana y de otro país tendría que renunciar formalmente a la nacionalidad extranjera antes de convertirse en candidata o candidato a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La iniciativa también contempla restricciones para quienes ya se encuentren en funciones. De aprobarse, no podrían adquirir otra nacionalidad, tramitar o utilizar documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía ni solicitar protección diplomática de otro país durante el ejercicio del cargo.
Entre los argumentos presentados por el Ejecutivo se encuentra la intención de evitar posibles conflictos de interés y garantizar que quienes encabecen los gobiernos federal y estatales mantengan una relación exclusiva de lealtad política y jurídica con México.
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó la recepción de la iniciativa, la cual será enviada a la Cámara de Diputados para iniciar su análisis, discusión y eventual dictaminación.
La propuesta no significa que la prohibición ya se encuentre vigente. Al tratarse de una reforma constitucional, deberá obtener el respaldo de las dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas cámaras del Congreso.
Posteriormente, también tendría que ser aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados para completar el proceso de reforma a la Constitución.
Hasta que concluya ese procedimiento y, en su caso, sea publicada oficialmente, las actuales disposiciones constitucionales sobre nacionalidad y requisitos para ocupar estos cargos continuarán vigentes.
La iniciativa abre un nuevo debate sobre los derechos políticos de los mexicanos con doble nacionalidad y sobre los requisitos que deben cumplir quienes aspiren a ocupar los cargos ejecutivos de mayor responsabilidad en el país.
