A diez días del doble terremoto que devastó parte del norte de Venezuela, cientos de damnificados salieron a las calles para exigir una respuesta más rápida de las autoridades, al denunciar que continúan sin un lugar seguro donde vivir y que muchas familias siguen durmiendo a la intemperie.
Las manifestaciones se registraron principalmente en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre, donde los habitantes aseguran que no han recibido soluciones concretas para regresar a sus hogares o ser reubicados de manera definitiva.
Muchos edificios permanecen acordonados debido al riesgo de colapso y las constantes réplicas mantienen el temor entre la población, por lo que miles de personas han optado por permanecer en calles, plazas, vehículos o refugios improvisados.
Los afectados también denunciaron que la ayuda humanitaria ha sido insuficiente y que, en algunos casos, perdieron documentos personales, teléfonos celulares y pertenencias bajo los escombros, lo que ha complicado su acceso a los programas de apoyo implementados por las autoridades.
La emergencia continúa agravándose. De acuerdo con el balance más reciente, el doble sismo ha dejado más de 2 mil 200 personas fallecidas, más de 11 mil heridos y cerca de 16 mil personas sin hogar, convirtiéndose en una de las peores tragedias naturales registradas en el país en las últimas décadas.
Mientras continúan las labores de búsqueda y asistencia, organismos internacionales mantienen el envío de ayuda humanitaria, alimentos, medicamentos y personal especializado para atender a los miles de damnificados.
A la crisis habitacional se suma el daño sufrido por infraestructura estratégica, como el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cuya operación continúa limitada, dificultando el ingreso de ayuda y el traslado de personas hacia las zonas afectadas.
Diez días después de la tragedia, la desesperación comienza a transformarse en inconformidad, mientras miles de venezolanos esperan una solución que les permita recuperar, poco a poco, la normalidad.
