Un operativo conjunto de fuerzas federales culminó con la detención en Mérida, Yucatán, de Justo Aurelio «N», señalado como presunto operador financiero y logístico de un grupo delictivo con presencia nacional. Durante la acción también fueron asegurados vehículos de lujo, armas, dinero en efectivo y diversos bienes cuyo valor supera los 145 millones de pesos.
La captura fue realizada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes ejecutaron cuatro órdenes de cateo en inmuebles ubicados en la capital yucateca y en la comisaría de Komchén, como parte de una investigación enfocada en el combate a las estructuras financieras del crimen organizado.
Durante las diligencias, las autoridades aseguraron 15 vehículos de alta gama, una caja fuerte, armas de fuego, cartuchos útiles, dinero en efectivo en dólares, joyería, equipos de cómputo, dispositivos de banca electrónica, teléfonos celulares, documentación y diversos medios de almacenamiento digital. El Gabinete de Seguridad estimó que el valor total de los bienes decomisados asciende a 145 millones 263 mil 946 pesos.
De acuerdo con las investigaciones, Justo Aurelio «N» presuntamente era responsable de diseñar y operar mecanismos para el lavado de dinero, así como de administrar recursos financieros utilizados por la organización criminal para sostener sus operaciones ilícitas. Tras su detención fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.
Aunque las autoridades federales no revelaron oficialmente el nombre del grupo delictivo al que estaría vinculado el detenido, distintos medios nacionales señalan que podría tener relación con el Cártel del Noreste. Otras versiones lo asocian con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); sin embargo, hasta el momento ninguna de estas vinculaciones ha sido confirmada por el Gobierno de México.
El Gabinete de Seguridad destacó que este tipo de operativos busca afectar las capacidades económicas de las organizaciones criminales mediante el aseguramiento de bienes, activos y recursos financieros, considerados fundamentales para el funcionamiento de sus redes delictivas.
Con esta acción, las autoridades federales refuerzan la estrategia enfocada en atacar no solo a los líderes operativos de los grupos criminales, sino también a quienes administran y movilizan los recursos económicos que les permiten mantener sus actividades.
