La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó al reportaje publicado por Los Angeles Times que vincula a los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, con presuntas investigaciones de autoridades estadounidenses, y pidió que el gobierno de Estados Unidos aclare oficialmente la situación.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que hasta el momento no existe información formal entregada por las autoridades estadounidenses al Gobierno de México que confirme las versiones difundidas por el medio norteamericano.
Sheinbaum cuestionó además la forma en que se han manejado los señalamientos, preguntando cuál sería el propósito de hacer públicas supuestas investigaciones o restricciones migratorias sin que exista una comunicación oficial entre ambos gobiernos.
La polémica surgió después de que el diario estadounidense publicara información basada en fuentes que apuntan a presuntas investigaciones relacionadas con posibles vínculos entre ambos gobernadores y organizaciones criminales. El reporte también menciona supuestas medidas migratorias adoptadas por Estados Unidos.
Ante ello, tanto Alfonso Durazo como Américo Villarreal rechazaron categóricamente las acusaciones y aseguraron que no han recibido ninguna notificación oficial sobre investigaciones en su contra.
El Gobierno de Sonora afirmó que Durazo mantiene vigente su visa estadounidense y destacó que recientemente participó en reuniones oficiales en Arizona, lo que, según las autoridades estatales, demuestra que no enfrenta restricciones para ingresar a territorio estadounidense.
Por su parte, el gobierno de Tamaulipas también negó los señalamientos y sostuvo que las versiones difundidas carecen de respaldo documental y oficial.
La presidenta reiteró que cualquier acusación contra funcionarios mexicanos debe estar acompañada de pruebas y seguir los canales institucionales correspondientes. Asimismo, insistió en que México no puede actuar con base en filtraciones periodísticas o versiones no confirmadas.
Las declaraciones ocurren en un contexto de creciente tensión entre México y Estados Unidos, marcado por investigaciones, acusaciones y señalamientos que involucran a diversos actores políticos mexicanos, especialmente en estados del norte del país.
El caso ha generado un intenso debate sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad, la transparencia de las investigaciones y los límites entre el combate al crimen organizado y el respeto a la soberanía nacional.
Mientras continúan los desmentidos por parte de los gobiernos estatales y las exigencias de aclaración por parte del Gobierno federal, la controversia sigue creciendo y se ha convertido en uno de los temas políticos más relevantes en la relación entre ambos países.
