Una jueza federal bloqueó de forma definitiva la orden ejecutiva con la que el mandatario buscaba exigir documentos como pasaporte o acta de nacimiento para registrarse como votante mediante el formulario federal.
Una jueza federal bloqueó de manera permanente parte de la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la que pretendía exigir una prueba documental de ciudadanía a las personas que se registraran para votar mediante el formulario federal.
La decisión fue emitida por la jueza Denise Casper, del Tribunal Federal de Distrito en Boston, Massachusetts, quien concluyó que la Casa Blanca excedió sus facultades al intentar modificar de forma unilateral las reglas electorales.
El fallo convierte en permanente una suspensión preliminar emitida previamente contra la medida, que había sido impugnada por varios estados gobernados por demócratas. Los demandantes argumentaron que la orden violaba la separación de poderes y podía afectar el acceso al voto de millones de ciudadanos.
La Casa Blanca excedió sus facultades, concluye la jueza
En su resolución, Casper señaló que la Constitución de Estados Unidos no otorga al presidente poderes específicos para regular las elecciones. Esa facultad corresponde a los estados y al Congreso.
La orden de Trump instruía a la Comisión de Asistencia Electoral a modificar el formulario federal de registro de votantes para exigir documentos que probaran la ciudadanía estadounidense, como pasaporte, acta de nacimiento u otros documentos oficiales similares.
Los estados demandantes advirtieron que ese requisito podía dejar fuera del registro electoral a ciudadanos con menos acceso a documentación actualizada, entre ellos personas de bajos recursos, adultos mayores, comunidades rurales y minorías.
La jueza también bloqueó disposiciones relacionadas con el voto por correo, entre ellas una medida que buscaba impedir el conteo de boletas recibidas después del día de la elección, aunque hubieran sido enviadas dentro del plazo permitido por algunos estados.
Estados celebran la decisión
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de las funcionarias que encabezó la demanda junto con otros estados, celebró el fallo y lo calificó como una defensa del derecho al voto.
James afirmó que generaciones de estadounidenses lucharon por ese derecho y que las autoridades deben protegerlo frente a intentos de limitarlo.
El gobierno de Trump había defendido la orden bajo el argumento de reforzar la integridad electoral. Sin embargo, sus críticos sostienen que el voto de personas no ciudadanas en elecciones federales ya es ilegal y que los casos documentados son extremadamente raros.
Trump busca llevar la reforma al Congreso
El revés judicial no detiene por completo los planes del mandatario. Trump ha insistido en impulsar cambios similares a través del Congreso mediante la llamada SAVE America Act, una propuesta que endurecería los requisitos para registrarse y votar en elecciones federales.
La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Representantes, pero permanece estancada en el Senado, donde enfrenta resistencia política y procedimental.
Este miércoles, Trump condicionó la firma de una amplia ley de vivienda a la aprobación de la reforma electoral. A través de su red Truth Social, anunció la cancelación de una conferencia de prensa y del acto de firma previsto para ese día, hasta que se aprobara la legislación que considera una “emergencia nacional”.
Una batalla legal y política abierta
La decisión de la jueza Casper representa un nuevo golpe judicial para la agenda electoral de Trump, pero también anticipa una disputa más amplia entre la Casa Blanca, los tribunales, los estados y el Congreso.
Aunque el fallo impide aplicar por la vía ejecutiva el requisito de prueba documental de ciudadanía en el formulario federal, el debate continuará en el terreno legislativo.
Para defensores del derecho al voto, la resolución protege a ciudadanos que podrían enfrentar obstáculos burocráticos para registrarse. Para Trump y sus aliados, la medida forma parte de una estrategia para endurecer los controles electorales.
Por ahora, la orden presidencial queda bloqueada de manera permanente, y cualquier cambio de ese alcance deberá avanzar por las vías constitucionales correspondientes.
