La presión de autoridades y exfuncionarios estadounidenses sobre el caso de los políticos mexicanos acusados de presuntos vínculos con el narcotráfico aumentó esta semana, luego de que Derek S. Maltz, exdirector interino de la DEA, pidiera públicamente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, actuar contra los funcionarios señalados por la justicia de Estados Unidos.
A través de mensajes difundidos en redes sociales, Maltz aseguró que ha llegado el momento de que las autoridades mexicanas tomen medidas contra quienes han sido acusados por fiscales estadounidenses de colaborar con organizaciones criminales, particularmente con facciones del Cártel de Sinaloa.
El exjefe de la DEA sostuvo que la lucha contra el crimen organizado no debe enfocarse únicamente en los líderes de los cárteles, sino también en los funcionarios que presuntamente les brindan protección, información o facilidades para operar.
Las declaraciones se producen después de que fiscales federales de Estados Unidos presentaran acusaciones contra diversos funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, quienes presuntamente habrían mantenido vínculos con integrantes de la organización criminal conocida como Los Chapitos.
Entre los nombres que han surgido en las investigaciones estadounidenses se encuentran figuras relevantes de la política y la administración pública sinaloense, situación que ha generado un fuerte debate político tanto en México como en Estados Unidos.
La controversia se intensificó tras la comparecencia ante una corte federal de Nueva York del general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien se convirtió en uno de los primeros implicados en enfrentar formalmente cargos en territorio estadounidense.
Mientras las autoridades norteamericanas aseguran contar con evidencia suficiente para sustentar las acusaciones, el gobierno mexicano ha cuestionado varios de los señalamientos y ha insistido en que cualquier procedimiento debe respetar la soberanía nacional y los mecanismos legales correspondientes.
Por su parte, Omar García Harfuch ha reiterado que la estrategia de seguridad del gobierno federal contempla acciones contra cualquier funcionario que incurra en actividades ilícitas, independientemente de su cargo o nivel de responsabilidad.
La administración de Claudia Sheinbaum ha destacado que durante los primeros meses de gobierno se han realizado detenciones de servidores públicos presuntamente vinculados con organizaciones criminales, como parte de una política de combate a la corrupción y a la infiltración del crimen organizado en las instituciones.
Las declaraciones de Maltz añaden un nuevo elemento de tensión a la relación bilateral entre México y Estados Unidos, especialmente en momentos en que ambos países enfrentan desafíos comunes relacionados con el narcotráfico, el tráfico de fentanilo y la seguridad fronteriza.
El caso continúa generando repercusiones políticas y judiciales, mientras crecen las expectativas sobre posibles nuevas acusaciones y sobre la respuesta que darán las autoridades mexicanas a los señalamientos provenientes de Estados Unidos.
