El exministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, afirmó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quedó sin fuero tras solicitar su separación temporal del cargo en medio de las investigaciones en su contra.
De acuerdo con la interpretación del jurista, el fuero constitucional está ligado al ejercicio del cargo, por lo que al dejar de desempeñar sus funciones, el mandatario pierde esa protección en la práctica, quedando expuesto a posibles investigaciones sin ese blindaje legal.
La declaración se da en un contexto de alta tensión política, luego de que Rocha Moya pidiera licencia para facilitar las indagatorias relacionadas con acusaciones provenientes de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Aunque se ha señalado que perdió el fuero, especialistas aclaran que no se trata de un desafuero formal, ya que no hubo un proceso legislativo para retirarlo, sino una consecuencia de su propia decisión de separarse del cargo.
Esta situación modifica su estatus jurídico, ya que ahora podría ser investigado sin la protección que brinda el fuero a funcionarios en activo. Sin embargo, cualquier acción penal en su contra en México aún dependerá de que las autoridades cuenten con pruebas suficientes y de los procedimientos legales correspondientes.
Cabe señalar que la Fiscalía General de la República ha indicado que, hasta el momento, no existen elementos suficientes para proceder, por lo que ha solicitado mayor información a las autoridades estadounidenses para sustentar las acusaciones.
El caso también ha generado debate entre especialistas en derecho constitucional, quienes discuten si la licencia implica una pérdida total del fuero o solo una suspensión temporal de sus efectos, lo que podría influir en el curso de cualquier proceso legal.
Además, la situación ocurre en paralelo a la salida de otros funcionarios señalados en el mismo caso, lo que ha intensificado la crisis política en Sinaloa y ha puesto bajo escrutinio el uso del fuero en México.
Mientras tanto, Rocha Moya ha rechazado las acusaciones y ha señalado que su decisión busca garantizar transparencia y no interferir en las investigaciones.
El caso continúa en desarrollo y podría sentar un precedente sobre el alcance del fuero y la responsabilidad de funcionarios públicos ante acusaciones internacionales.
