Renuncia fiscal de Chihuahua tras polémica por presencia de presuntos agentes de EE.UU.

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Guillermo Arturo Zuany Portillo presentó su renuncia como fiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, en medio de la controversia generada por la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas realizado en abril pasado.

La Fiscalía General del Estado confirmó la salida del funcionario y anunció además el inicio de un procedimiento administrativo en su contra por posibles omisiones relacionadas con el caso.

La polémica surgió luego de que autoridades estatales reconocieran que cuatro personas extranjeras, identificadas de manera extraoficial como supuestos agentes de la CIA, fueron vistas dentro de instalaciones de la Fiscalía y posteriormente integradas a un convoy oficial previo a un operativo contra un narcolaboratorio en el municipio de Morelos.

Durante una conferencia de prensa, Wendy Chávez, titular de la Unidad Especializada de la Fiscalía de Chihuahua, explicó que videos obtenidos de cámaras de vigilancia permitieron confirmar la presencia de estos individuos desde el 16 de abril.

Según detalló, las personas viajaban vestidas de civil, sin insignias oficiales ni identificación visible de alguna corporación de seguridad.

El operativo se realizó entre el 16 y el 19 de abril y terminó marcado por un accidente carretero en el que murieron dos presuntos agentes vinculados con la Embajada de Estados Unidos y dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

La Fiscalía también informó que detectó un “patrón de convivencia e interacción informal” entre los extranjeros, mandos de la AEI y otros funcionarios estatales.

Además, las autoridades señalaron que no existe registro de autorización oficial para incorporar a personas extranjeras al operativo ni evidencia de que superiores jerárquicos hubieran sido informados sobre su participación.

Hasta el momento, la representación diplomática de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Migración no han respondido formalmente a las solicitudes de información enviadas por la Fiscalía de Chihuahua.

El caso ha generado tensión política y cuestionamientos sobre posibles operaciones de inteligencia extranjera en territorio mexicano sin mecanismos claros de coordinación institucional.

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