Las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa han escalado a uno de los niveles políticos más delicados de los últimos años, luego de la entrega voluntaria de dos exintegrantes del gobierno sinaloense señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El caso tomó fuerza tras la entrega en Arizona del general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado.
De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, ambos forman parte de una red de presunta protección institucional vinculada a “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Gerardo Mérida Sánchez enfrenta acusaciones relacionadas con:
- conspiración para tráfico de drogas,
- importación de narcóticos,
- delitos relacionados con armas,
- y colaboración con el grupo criminal.
Autoridades estadounidenses aseguran que el exmando de seguridad habría recibido sobornos mensuales superiores a 100 mil dólares a cambio de:
- filtrar información sobre operativos,
- alertar sobre cateos,
- y brindar protección a integrantes del cártel.
Las investigaciones señalan incluso que habría ayudado a evitar aseguramientos de laboratorios clandestinos en múltiples ocasiones.
Por su parte, Enrique Díaz Vega es acusado de:
- conspiración para tráfico de drogas,
- manejo de sobornos,
- colaboración política con el grupo criminal,
- y apoyo logístico a la organización.
Documentos judiciales estadounidenses indican que Díaz Vega presuntamente fungía como intermediario entre integrantes de “Los Chapitos” y actores políticos de alto nivel en Sinaloa.
Las investigaciones también ponen bajo la lupa operaciones financieras y un presunto crecimiento patrimonial millonario del exfuncionario, incluyendo adquisiciones de propiedades y movimientos de efectivo.
Entre los nombres mencionados en investigaciones y reportes relacionados aparecen:
- el gobernador Rubén Rocha Moya,
- el senador Enrique Inzunza Cázarez,
- el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez,
- además de mandos policiacos y exfuncionarios estatales.
Las acusaciones incluyen posibles delitos como:
- asociación criminal,
- protección institucional,
- conspiración para importar drogas,
- y posesión de armas de alto poder.
El caso ha provocado tensión política y diplomática entre México y Estados Unidos debido al alcance de las investigaciones y al nivel de los perfiles involucrados.
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró recientemente que las acusaciones deberán sustentarse con pruebas judiciales y pidió evitar juicios políticos anticipados.
Analistas consideran que esta investigación podría convertirse en uno de los expedientes más explosivos de los próximos años debido a las posibles repercusiones políticas, judiciales y electorales en Sinaloa y a nivel nacional.
