El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, negó públicamente versiones que lo señalaban de buscar un acuerdo o cooperación con autoridades de Estados Unidos tras aparecer mencionado en investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios sinaloenses y el Cártel de Sinaloa.
La polémica surgió luego de que diversos reportes y publicaciones periodísticas aseguraran que el legislador intentaba negociar con autoridades estadounidenses en medio de las investigaciones abiertas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Desde Badiraguato, Sinaloa, Inzunza rechazó categóricamente dichas versiones y aseguró:
“Falso de toda falsedad”.
Además, publicó un mensaje en redes sociales donde afirmó:
“Estoy en mi tierra, a ras de suelo y con la frente en alto, con las y los nuestros: el pueblo de Sinaloa”.
El senador también confirmó que decidió no asistir a sesiones de la Comisión Permanente del Congreso, argumentando que no desea que el tema sea utilizado políticamente por la oposición para convertir el Senado en “un espectáculo”.
Enrique Inzunza es uno de los funcionarios mencionados en investigaciones estadounidenses relacionadas con presunta protección política y colaboración con “Los Chapitos”, grupo encabezado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
De acuerdo con documentos judiciales citados por medios internacionales, el senador habría sido señalado como presunto enlace entre integrantes del grupo criminal y actores políticos cercanos al gobierno de Sinaloa durante el proceso electoral de 2021.
Las investigaciones incluyen posibles delitos relacionados con:
- narcotráfico,
- tráfico de armas,
- conspiración criminal,
- y presunta protección a operaciones del Cártel de Sinaloa.
El legislador ha negado todas las acusaciones y aseguró que acudirá ante cualquier autoridad mexicana competente en caso de ser requerido formalmente.
Asimismo, sostuvo que los señalamientos surgieron después de sus recientes posicionamientos públicos sobre soberanía nacional y críticas relacionadas con presunta participación de agencias estadounidenses en operativos realizados en Chihuahua.
El caso ocurre en medio de la creciente presión política en Sinaloa tras:
- la entrega voluntaria en Estados Unidos del exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez,
- la entrega del exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega,
- y las investigaciones abiertas contra otros funcionarios y exfuncionarios ligados al gobierno estatal.
Analistas consideran que las investigaciones estadounidenses podrían convertirse en una de las mayores crisis políticas para el gobierno de Sinaloa debido al nivel de los perfiles involucrados y las posibles repercusiones judiciales y electorales.
