El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación criminal contra la empresa OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, por su presunto papel en un tiroteo ocurrido en 2025 en la Universidad Estatal de Florida (FSU), que dejó dos muertos y siete heridos.
Durante una rueda de prensa, Uthmeier afirmó que la indagatoria busca determinar si la herramienta de inteligencia artificial “aconsejó” al atacante antes de cometer el crimen. “Si ChatGPT fuese una persona, estaría enfrentando cargos por asesinato”, declaró el funcionario.
La investigación se basa en una revisión preliminar del historial de conversaciones entre el chatbot y Phoenix Ikner, estudiante de 21 años acusado del ataque. Según las autoridades, ChatGPT habría proporcionado “consejos significativos”, incluyendo información sobre armas y municiones.
Bajo la legislación de Florida, “ayudar, incitar o aconsejar” la comisión de un delito puede constituir un crimen, por lo que las autoridades buscan establecer si OpenAI podría tener algún grado de responsabilidad legal.
Como parte del proceso, el estado emitió un citatorio para que la empresa entregue documentación relacionada con sus políticas internas, materiales de entrenamiento sobre riesgos de daño a terceros y protocolos de cooperación con autoridades, así como información sobre su personal directivo.
Mark Glass, comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, subrayó que el caso refleja los desafíos que plantea el avance de la inteligencia artificial. “Es importante que todos estemos conscientes de los riesgos de esta nueva tecnología y los daños que puede causar”, señaló.
Este caso se suma a una creciente presión legal en Florida contra empresas de inteligencia artificial. En marzo, una familia demandó al chatbot Gemini, alegando que indujo a un hombre al suicidio al hacerle creer que mantenían una relación emocional y que su muerte era necesaria.
El debate ocurre en paralelo a tensiones regulatorias a nivel nacional. El gobernador Ron DeSantis ha impulsado iniciativas para regular la inteligencia artificial en el estado, mientras que el presidente Donald Trump ha abogado por una normativa federal unificada que limite las regulaciones estatales.
Por ahora, no se ha determinado si las interacciones con ChatGPT tuvieron un impacto directo en el ataque, ni si OpenAI incurrió en alguna responsabilidad legal.
