El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) continúa enfrentando medidas impuestas por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, en un conflicto que tiene su origen en decisiones tomadas durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La sanción deriva del traslado obligatorio de vuelos de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al AIFA, una medida impulsada en el sexenio anterior con el argumento de reducir la saturación del principal aeropuerto del país.
Sin embargo, autoridades estadounidenses señalaron que esta decisión violó el acuerdo bilateral aéreo firmado en 2015, al modificar de manera unilateral las condiciones de operación para aerolíneas, afectando principalmente a compañías extranjeras.
Como consecuencia, Estados Unidos aplicó restricciones que incluyen la revocación de rutas y limitaciones operativas para aerolíneas mexicanas, generando un conflicto que ahora debe ser gestionado por la actual administración.
El problema, sin embargo, no es nuevo.
Especialistas han señalado que el traslado forzado de operaciones fue una medida apresurada que no consideró plenamente las implicaciones internacionales ni comerciales, lo que derivó en tensiones con socios estratégicos como Estados Unidos.
Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido que enfrentar las consecuencias de estas decisiones, defendiendo la política implementada y asegurando que el diálogo con autoridades estadounidenses avanza de manera positiva.
Sheinbaum ha reiterado que la medida respondió a necesidades reales de seguridad y saturación en el AICM, aunque el conflicto evidencia los efectos de una estrategia aeroportuaria que fue altamente cuestionada desde su implementación.
El caso del AIFA no solo refleja una disputa técnica, sino también el impacto de decisiones estructurales tomadas en el pasado que hoy generan presión internacional, restricciones operativas y un reto diplomático para el actual gobierno.
Mientras continúan las negociaciones, el episodio deja en evidencia cómo una política interna puede escalar a un conflicto internacional cuando no se alinean los intereses regulatorios y comerciales entre países.
