A partir de este 11 de abril, entra en vigor la reforma que elimina las llamadas “pensiones doradas” de altos funcionarios públicos, marcando un cambio importante en el sistema de jubilaciones del país.
La modificación al artículo 127 de la Constitución establece que ningún exfuncionario podrá recibir una pensión superior a la mitad del salario del presidente, lo que equivale a un tope cercano a los 70 mil pesos mensuales.
La medida aplicará a trabajadores de organismos públicos como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, bancos de desarrollo y otras instituciones del Estado, incluyendo tanto nuevas pensiones como aquellas que actualmente superen el límite establecido, las cuales deberán ajustarse.
Esta reforma fue declarada constitucional tras ser aprobada por al menos 20 congresos estatales, con el objetivo de eliminar privilegios económicos que, en algunos casos, alcanzaban cifras de hasta cientos de miles o incluso millones de pesos mensuales.
Autoridades señalaron que la intención es reducir la desigualdad, optimizar el uso de recursos públicos y redirigir el gasto hacia programas sociales prioritarios.
Sin embargo, la medida también ha generado inconformidad entre algunos grupos de jubilados, quienes han anunciado posibles acciones legales para defender lo que consideran derechos adquiridos.
Con esta decisión, el gobierno busca marcar un precedente en materia de austeridad y control del gasto en el sector público.
