El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que busca reducir las pensiones de altos servidores públicos y limitar los montos que reciben algunos exfuncionarios al retirarse del servicio público, una medida impulsada por el gobierno federal para eliminar lo que ha sido llamado “pensiones doradas”.
La iniciativa plantea modificaciones al artículo 127 de la Constitución para establecer que ninguna pensión o jubilación otorgada a servidores públicos podrá superar el 50 por ciento del salario que percibe la persona titular del Poder Ejecutivo federal.
Con esta modificación, el monto máximo de las pensiones para altos funcionarios quedaría significativamente reducido en comparación con los pagos que actualmente reciben algunos exdirectivos y exfuncionarios de organismos públicos y empresas del Estado.
La reforma está dirigida principalmente a funcionarios de alto nivel en instituciones como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Banco de México, organismos autónomos y otras dependencias del gobierno federal donde históricamente se han otorgado pensiones de alto valor.
De acuerdo con datos presentados durante el debate legislativo, algunos exfuncionarios han llegado a recibir pensiones que superan los 300 mil pesos mensuales e incluso montos cercanos al millón de pesos, lo que generó críticas sobre el uso de recursos públicos para cubrir estos beneficios.
El gobierno federal señaló que la reforma permitirá generar ahorros estimados en alrededor de cinco mil millones de pesos al año, recursos que podrían destinarse a programas sociales, infraestructura y otras áreas prioritarias del gasto público.
Senadores que respaldaron la propuesta señalaron que la medida busca fortalecer el principio constitucional de austeridad y garantizar que ningún servidor público tenga ingresos superiores a los del titular del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, durante la discusión también surgieron críticas por parte de legisladores de oposición, quienes advirtieron que la reforma podría afectar derechos laborales previamente adquiridos y pidieron analizar con mayor detalle su impacto en distintos organismos públicos.
Tras su aprobación en el Senado, la reforma deberá continuar su proceso legislativo en la Cámara de Diputados y posteriormente ser avalada por la mayoría de los congresos estatales antes de entrar en vigor. Una vez completado ese proceso, las nuevas reglas comenzarían a aplicarse a las pensiones de altos funcionarios del sector público.
