La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la salida de Alex Tonatiuh Márquez Hernández de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en un contexto marcado por señalamientos públicos y versiones sobre la cancelación de su visa estadounidense, aunque el gobierno federal evitó detallar las razones de su separación del cargo.
Durante su declaración, Sheinbaum se limitó a señalar que Márquez “ya no trabaja en aduanas” y que su salida fue una decisión interna del titular de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo, sin que —según dijo— exista una investigación formal abierta por parte del gobierno federal. La mandataria también aseguró que su administración “no es tapadera de nadie”, aunque no presentó información concreta que despeje las dudas en torno al caso.
La falta de explicaciones claras contrasta con los señalamientos periodísticos previos que apuntan a posibles irregularidades patrimoniales y conflictos relacionados con el desempeño del ahora exfuncionario en una de las áreas más sensibles del Estado mexicano: las aduanas, históricamente asociadas a problemas de contrabando, corrupción y crimen organizado.
A ello se suma la versión sobre la cancelación de la visa estadounidense de Márquez, un hecho que, aunque no ha sido confirmado oficialmente por el gobierno mexicano, ha incrementado la presión pública y la exigencia de mayor transparencia. La Presidencia afirmó no tener registro formal de dicho procedimiento, lo que abre cuestionamientos sobre la coordinación y el acceso a información en casos que involucran a funcionarios de alto nivel.
Especialistas y analistas han señalado que la salida discreta de funcionarios bajo sospecha, sin investigaciones visibles ni rendición de cuentas claras, debilita el discurso anticorrupción y deja abierta la percepción de impunidad, especialmente en instituciones clave como la ANAM.
Mientras el gobierno insiste en que cualquier irregularidad debe ser investigada por las instancias correspondientes, hasta el momento no se ha anunciado ninguna indagatoria pública, lo que mantiene el caso en la opacidad y alimenta dudas sobre el verdadero alcance del compromiso gubernamental con la transparencia.
