El Pentágono confirmó el retiro parcial de tropas de la Guardia Nacional desplegadas en las ciudades de Chicago (Illinois) y Portland (Oregón), una medida que pone fin a meses de tensiones políticas y disputas legales entre gobiernos estatales, autoridades locales y la administración federal.
De acuerdo con funcionarios citados por Reuters, la orden contempla la salida de aproximadamente 200 efectivos provenientes de Texas que operaban en Chicago y otros 200 soldados enviados desde California hacia Portland. Aunque el retiro no representa una desmovilización total, sí implica un “ajuste” significativo en la presencia militar que había sido objeto de críticas desde su llegada.
La movilización original fue instruida por el presidente Donald Trump, bajo el argumento de combatir el incremento del crimen, reforzar labores de inmigración y controlar protestas en ambas ciudades. Sin embargo, múltiples cortes federales restringieron el alcance de la operación, señalando que el despliegue podría violar leyes que limitan el uso de fuerzas militares en funciones de seguridad interior.
En Portland, jueces federales bloquearon reiteradamente solicitudes del gobierno para utilizar a la Guardia Nacional en actividades policiales, argumentando que no existía una emergencia que justificara la intervención militar. En Chicago, una corte de apelaciones también rechazó los intentos de ampliar la presencia del personal militar en labores de vigilancia.
Pese al retiro parcial, el Comando Norte de Estados Unidos señaló que algunos efectivos permanecerán en estado de alerta, listos para ser activados si la Casa Blanca considera que la situación lo amerita. Esta decisión mantiene abierta la posibilidad de futuros despliegues, aunque bajo un marco más limitado y sujeto a supervisión judicial.
El anuncio marca un punto de inflexión en el debate sobre el uso de tropas federales en ciudades gobernadas por autoridades estatales que se oponen a la militarización de espacios civiles. Organizaciones de derechos civiles celebraron la medida, calificándola como una victoria para la defensa del federalismo y el control estatal sobre la seguridad pública.
Aún quedan interrogantes sobre la eficacia real que tuvo la presencia de la Guardia Nacional en ambas ciudades, especialmente considerando que en varios casos las órdenes de operación fueron restringidas o bloqueadas antes de que los soldados pudieran intervenir directamente.
