El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que no descarta invocar la Ley de Insurrección de 1807 para enfrentar las recientes protestas y disturbios registrados en varias ciudades del país. La medida, considerada uno de los poderes de emergencia más amplios del Ejecutivo, autoriza al mandatario a utilizar al Ejército para restablecer el orden civil.
Aunque es conocida como Ley de Insurrección de 1807, en realidad está compuesta por una serie de estatutos promulgados entre 1792 y 1871, según el Centro Brennan para la Justicia, institución que advierte sobre la amplitud de su interpretación y la falta de límites precisos sobre su aplicación.
Normalmente, la ley Posse Comitatus impide que las fuerzas armadas participen en tareas policiales dentro del territorio nacional. Sin embargo, la Ley de Insurrección suspende temporalmente esa restricción, permitiendo que el presidente despliegue tropas para intervenir en situaciones que superen la capacidad de las autoridades locales.
El texto de la ley contempla tres provisiones principales: la Sección 251, que requiere el consentimiento del estado afectado, y las Secciones 252 y 253, que permiten al presidente enviar tropas sin autorización estatal e incluso en contra de su voluntad, si considera que el orden público está en riesgo.
El último uso de esta ley fue en 1992, cuando el presidente George H. W. Bush la invocó tras los disturbios de Los Ángeles, originados por la absolución de los policías implicados en la agresión a Rodney King. También fue utilizada por Dwight Eisenhower y John F. Kennedy para hacer cumplir la integración escolar en el sur del país durante el movimiento por los derechos civiles.
Trump señaló específicamente a la ciudad de Portland, Oregon, como un posible escenario para aplicar la medida, argumentando que está “en llamas”. No obstante, una batalla legal entre el gobierno federal y las autoridades estatales mantiene suspendido el envío de tropas, por orden de la jueza Karin Immergut, nominada por el propio Trump.
El Centro Brennan advierte que, ante la falta de estándares claros, el presidente posee una discrecionalidad casi ilimitada para desplegar fuerzas federales, y que cualquier intento de reforma de la ley correspondería al Congreso.
