El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, inició esta semana nuevos operativos migratorios en las ciudades de Chicago y Boston, ambas gobernadas por demócratas y con políticas de protección a comunidades migrantes.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que los despliegues se enfocarán en la detención de “extranjeros criminales ilegales”. Sin embargo, autoridades locales y expertos legales han cuestionado la legalidad de los operativos, especialmente tras la amenaza del presidente de movilizar a la Guardia Nacional e incluso a militares en territorios que considera “ciudades santuario”.
Choque con gobiernos locales
Chicago mantiene una política que restringe la cooperación de la policía con agentes del ICE y garantiza a los migrantes acceso a programas sociales sin importar su estatus. En Boston, medidas similares han sido respaldadas por la alcaldesa Michelle Wu, recientemente demandada por el Departamento de Justicia debido a su agenda proinmigrante.
Medios locales reportan que unos 300 agentes federales ya operan desde la estación naval Great Lakes, al norte de Chicago, mientras que en Boston también se ha detectado un refuerzo en la presencia del ICE.
Críticas a la estrategia
Defensores de los migrantes sostienen que estas políticas de protección fortalecen la seguridad pública, pues permiten a los indocumentados reportar delitos sin temor a la deportación. Pese a ello, el llamado “zar de la frontera”, Tom Homan, adelantó que esta misma semana podrían desplegarse tropas de la Guardia Nacional en Chicago y “otras ciudades santuario”.
Actualmente, Estados Unidos mantiene a más de 61,200 migrantes detenidos, la cifra más alta en años, de los cuales un 45 % no tiene antecedentes criminales, según datos del investigador Austin Kocher, de la Universidad de Syracuse.
