La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, desató una ola de indignación nacional tras declarar públicamente que la maestra jubilada y taxista Irma Hernández Cruz, secuestrada y humillada por el crimen organizado, “murió de un infarto, les guste o no”. La frase, pronunciada con dureza durante una rueda de prensa, ha sido calificada como insensible, agresiva y revictimizante por ciudadanos, activistas y medios de comunicación.
Irma Hernández, de 62 años, fue secuestrada el 18 de julio en Álamo Temapache tras negarse a pagar extorsiones a un grupo delictivo. Apareció seis días después, sin vida, tras haber sido forzada a grabar un video donde advertía a otros taxistas que pagaran «las cuotas» o sufrirían el mismo destino.
En lugar de centrar su mensaje en la crueldad del crimen, Nahle se enfocó en defender el informe forense que establece como causa de muerte un infarto agudo al miocardio, minimizando el hecho de que éste fue consecuencia del terror y la violencia ejercida sobre ella.
“Esa fue la realidad. Les guste o no”, reiteró ante los medios.
La declaración fue vista como un intento de deslindar responsabilidades políticas y quitar peso a un crimen atroz, dejando a la familia en duelo sin respaldo empático. En redes sociales, ciudadanos han lanzado campañas bajo hashtags como #JusticiaParaIrma y #NoFueUnInfartoFueTerror, criticando la frialdad de la mandataria.
Colectivos de mujeres, sindicatos de maestros y asociaciones de taxistas también han expresado su repudio, denunciando el abandono institucional frente a la violencia criminal.
El informe del médico legista establece que el corazón fue el órgano más afectado, y que no hubo traumatismos visibles en cráneo o abdomen. Pero omitir el contexto de tortura psicológica, amenazas y exposición pública es, según juristas y defensores de derechos humanos, revictimizar a Irma y encubrir un feminicidio por omisión institucional.
Incluso la propia Fiscalía del estado reconoce que el infarto fue provocado por agresiones físicas y estrés extremo durante su cautiverio.
