Crece la controversia por las redadas migratorias en Puerto Rico. Este viernes 6 de noviembre, legisladores estadounidenses exigieron la salida del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de la isla, tras denunciar presuntos abusos contra comunidades inmigrantes.
Los congresistas demócratas Nydia Velázquez y Adriano Espaillat, junto con Pablo José Hernández, representante de Puerto Rico ante el Congreso estadounidense, solicitaron eliminar la agencia y sustituirla por un organismo que garantice el respeto a los derechos humanos.
¿Por qué piden eliminar ICE?
Desde principios de 2025, las autoridades migratorias estadounidenses han intensificado sus operativos en Puerto Rico, provocando preocupación entre comunidades de inmigrantes, principalmente dominicanos, haitianos y venezolanos.
La polémica aumentó después de que agentes federales realizaran un operativo en una iglesia de San Juan, lo que generó críticas por las intervenciones en espacios considerados sensibles.
Los legisladores también cuestionaron las tácticas utilizadas por ICE y propusieron nuevas medidas de supervisión, como el uso obligatorio de cámaras corporales, restricciones al uso de máscaras y mayores protecciones para escuelas, hospitales e iglesias.
Cuestionan al Gobierno de Puerto Rico
Durante una conferencia de prensa, Velázquez criticó a la gobernadora Jenniffer González por la entrega de información personal de aproximadamente 6,321 inmigrantes a las autoridades federales.
Según los legisladores, esta colaboración podría incrementar el temor entre las familias migrantes y provocar que algunas personas eviten acudir a hospitales, escuelas y otros servicios esenciales.
Por su parte, Pablo José Hernández aclaró que eliminar ICE no significa eliminar las leyes migratorias, sino transformar la manera en que se aplican para garantizar procedimientos más humanos y responsables.
¿Qué sigue?
Los legisladores buscan aprovechar la nueva mayoría demócrata en el Congreso estadounidense para impulsar cambios en las políticas migratorias y aumentar la supervisión de las autoridades federales.
Por ahora, ICE continúa operando en Puerto Rico, y su posible eliminación requeriría cambios legislativos a nivel federal.
La controversia reabre el debate en Estados Unidos sobre los límites de las políticas migratorias, la seguridad fronteriza y la protección de los derechos humanos.
