El avance acelerado de la inteligencia artificial en México ha encendido las alertas entre especialistas, legisladores y representantes del sector tecnológico, quienes advierten que la falta de regulación y supervisión podría provocar la aparición de una especie de “Estado paralelo”, en el que sistemas automatizados influyan en decisiones importantes sin suficiente control humano.
La advertencia surgió durante el encuentro México IA+, celebrado los días 4 y 5 de noviembre de 2026 en Expo Santa Fe, Ciudad de México, donde expertos analizaron los desafíos que enfrenta el país ante la incorporación de inteligencia artificial en instituciones gubernamentales, empresas y actividades cotidianas.
Uno de los principales señalamientos fue realizado por Alonso Tamez Vélez, secretario técnico de la Comisión de Inteligencia Artificial del Senado, quien alertó sobre el riesgo de que las instituciones públicas deleguen progresivamente decisiones estratégicas a sistemas tecnológicos cuyo funcionamiento no siempre puede explicarse o supervisarse adecuadamente.
El especialista planteó que esta situación podría generar una pérdida gradual de capacidades del Estado para tomar decisiones de manera independiente, fenómeno que describió como una posible “atrofia estratégica”.
La preocupación no significa que actualmente exista un gobierno paralelo controlado por inteligencia artificial, sino que, sin mecanismos adecuados de vigilancia, los algoritmos podrían adquirir una influencia cada vez mayor sobre decisiones relacionadas con seguridad, administración pública, servicios y manejo de información.
Durante el encuentro también se abordaron los riesgos que representa la utilización de herramientas de inteligencia artificial sin políticas claras de protección de datos personales y confidenciales.
Entre las principales amenazas identificadas destacan las filtraciones de información, los fraudes digitales, los ataques cibernéticos automatizados y la posibilidad de que empresas e instituciones compartan datos sensibles con plataformas tecnológicas sin conocer completamente cómo serán almacenados o utilizados.
Otro problema señalado fue el crecimiento de la llamada Shadow AI, término utilizado para describir el uso de herramientas de inteligencia artificial por parte de empleados sin autorización ni supervisión de sus organizaciones.
Esta práctica puede provocar que documentos internos, información financiera, datos personales o estrategias empresariales terminen almacenados en sistemas externos, aumentando los riesgos de exposición y uso indebido.
Ante este panorama, legisladores mexicanos trabajan en una propuesta de Ley General de Inteligencia Artificial que buscaría establecer responsabilidades, mecanismos de supervisión y reglas para la implementación de estas tecnologías.
Sin embargo, especialistas también han advertido que una regulación excesivamente restrictiva podría limitar la innovación y afectar la competitividad tecnológica del país.
Por ello, uno de los principales retos será encontrar un equilibrio entre aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial y garantizar que su utilización se mantenga bajo controles adecuados.
Los expertos coincidieron en que la solución no necesariamente consiste en prohibir estas herramientas, sino en establecer políticas de uso responsable, evaluar a los proveedores tecnológicos, proteger la información y mantener la intervención humana en decisiones de alto impacto.
La inteligencia artificial ya está transformando la manera en que trabajan las empresas y operan las instituciones públicas, pero su crecimiento también plantea una pregunta fundamental: ¿quién será responsable cuando una decisión tomada por un algoritmo provoque consecuencias negativas?
Mientras México avanza hacia una posible legislación nacional, la advertencia es clara: adoptar inteligencia artificial sin comprender sus riesgos podría generar nuevas vulnerabilidades para las instituciones, las empresas y la sociedad.
