La confrontación judicial entre California y el gobierno del presidente Donald Trump alcanzó un nuevo capítulo, luego de que el estado presentara su demanda número 100 contra la administración federal, esta vez con el objetivo de detener los arrestos migratorios realizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro y alrededor de los tribunales estatales.
La acción legal fue presentada el jueves 15 de octubre por el fiscal general de California, Rob Bonta, ante el Tribunal Federal del Distrito Central de California, bajo el argumento de que las operaciones migratorias están provocando temor entre quienes necesitan acudir a los juzgados para resolver asuntos legales.
De acuerdo con las autoridades estatales, la presencia de agentes de ICE en instalaciones judiciales ha ocasionado que víctimas de delitos, testigos y sobrevivientes de violencia doméstica eviten presentarse ante los tribunales por miedo a ser detenidos, situación que podría afectar investigaciones y procedimientos judiciales.
El gobierno de California sostiene que estas prácticas interfieren con el funcionamiento de su sistema de justicia, ya que la ausencia de testigos o víctimas puede dificultar el esclarecimiento de delitos e incluso provocar que algunos casos no puedan continuar.
Uno de los datos que más preocupa a las autoridades es el incremento de las detenciones migratorias en instalaciones judiciales. Según el Departamento de Justicia estatal, después de que ICE modificara sus procedimientos en mayo de 2025, el promedio mensual de arrestos en tribunales de California aumentó más del 550 por ciento durante el año siguiente.
Tan solo en junio de 2026 se registraron 34 incidentes relacionados con ICE en tribunales superiores estatales, de los cuales 30 derivaron en arrestos civiles. En julio se contabilizaron 28 incidentes y el mismo número de detenciones.
Estas cifras, de acuerdo con las autoridades, reflejan un cambio importante en las operaciones migratorias realizadas en espacios donde las personas acuden para participar en procedimientos legales.
Mediante la demanda, California solicita que un juez federal impida a ICE efectuar arrestos migratorios de carácter civil dentro de los tribunales estatales y en sus alrededores, argumentando que estas acciones vulneran disposiciones legales y principios constitucionales relacionados con las facultades de los estados.
El fiscal Rob Bonta sostiene que los juzgados deben ser espacios donde cualquier persona pueda acudir para buscar justicia sin temor a que su presencia sea utilizada para realizar una detención migratoria.
La controversia también involucra la Décima Enmienda de la Constitución estadounidense, que establece límites a determinadas intervenciones del gobierno federal en las competencias de los estados.
Por su parte, la administración Trump ha mantenido una política de aplicación estricta de las leyes migratorias, defendiendo las facultades federales para identificar y detener a personas que se encuentran en situación migratoria irregular.
Sin embargo, respecto de esta demanda específica, el Departamento de Justicia estadounidense declinó emitir comentarios cuando fue consultado por medios de comunicación.
California también señala que una directiva relacionada con las detenciones migratorias en tribunales fue anulada en junio de 2026, aunque, según sus autoridades, los arrestos continuaron posteriormente.
La nueva acción judicial representa la demanda número 100 presentada por California contra la administración Trump desde enero de 2025, reflejando la prolongada disputa entre el gobierno estatal y la Casa Blanca por temas relacionados con migración, derechos civiles y facultades gubernamentales.
Hasta el momento, no existe una resolución definitiva que prohíba de manera general estas detenciones en todos los tribunales estatales de California, por lo que el caso deberá continuar su proceso ante las autoridades judiciales.
La disputa plantea una cuestión central para el sistema legal estadounidense: cómo conciliar las facultades federales para aplicar las leyes migratorias con la necesidad de garantizar que víctimas, testigos y ciudadanos puedan acudir a los tribunales sin obstáculos indebidos.
Mientras el enfrentamiento legal continúa, California busca obtener una resolución que limite las operaciones migratorias en sus instalaciones judiciales, en un nuevo episodio de las diferencias entre el estado y la administración de Donald Trump.
