La Casa Blanca comenzó a aplicar este sábado 19 de septiembre una prohibición de acceso contra periodistas de CNN, MS NOW y Politico, luego de que el presidente Donald Trump anunciara un día antes que esos medios quedarían vetados “con efecto inmediato”.
La medida generó una nueva confrontación entre la administración estadounidense y organizaciones periodísticas que cuestionan la legalidad de impedir el acceso a reporteros por el contenido de su cobertura.
De acuerdo con los reportes, la corresponsal de CNN Betsy Klein intentó ingresar a la Casa Blanca durante la mañana del sábado, pero un agente del Servicio Secreto le informó que su acreditación había sido desactivada y le retiró el pase.
Una situación similar ocurrió con la corresponsal de MS NOW Akayla Gardner y un fotógrafo del mismo medio, quienes también fueron rechazados en uno de los accesos al Ala Oeste. Gardner afirmó que, al preguntar por la razón, un agente le respondió que la decisión venía “de arriba”.
Politico confirmó posteriormente que su reportera Cheyenne Haslett también fue impedida de entrar a la Casa Blanca y que su acreditación fue confiscada.
Trump justificó la medida acusando a CNN, MS NOW y Politico de difundir información que considera falsa o injusta sobre su administración.
CNN respondió que la prohibición representa un ataque ilegal contra derechos protegidos por la Constitución de Estados Unidos y aseguró que continuará cubriendo al gobierno aunque sus periodistas no tengan acceso físico a la Casa Blanca.
MS NOW también rechazó la decisión y señaló que evaluará acciones para defender sus derechos bajo la Primera Enmienda y el papel del periodismo independiente.
Politico, por su parte, respaldó a su corresponsal y afirmó que defenderá sus derechos constitucionales para continuar informando sobre la administración federal.
El caso abre un nuevo debate sobre libertad de prensa, acceso gubernamental y los límites que puede imponer la Casa Blanca a medios específicos.
Hasta el momento, la disputa se mantiene en el terreno político y legal, mientras organizaciones periodísticas advierten que la exclusión selectiva de reporteros podría terminar siendo cuestionada ante los tribunales.
