Seis ciudadanos mexicanos fueron acusados en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, luego de un amplio operativo federal que permitió desmantelar dos laboratorios clandestinos de metanfetamina en California.
El Departamento de Justicia informó que los detenidos forman parte de un grupo de nueve personas arrestadas durante la operación “Klean Strip”, una investigación multiagencia iniciada en noviembre de 2025.
Las acciones permitieron ubicar y desmantelar dos laboratorios clandestinos de conversión de metanfetamina en Bakersfield y Visalia, donde las autoridades aseguraron grandes cantidades de droga y equipo utilizado para su procesamiento.
Entre los seis mexicanos acusados se encuentran Elvis Ramírez-Beltrán, Gabriel Ramírez-Beltrán, José Armando López-Félix, Jaciel López-Félix, Faustino Romero-León y Jesús Adrián Ríos-Ramírez.
De acuerdo con fiscales federales, los señalados enfrentan cargos por conspiración para fabricar, distribuir y poseer metanfetamina con intención de distribuirla.
Durante la investigación se aseguraron 2 mil 171 libras de metanfetamina cristalina, equivalentes a cerca de 985 kilogramos, además de cientos de galones de metanfetamina líquida.
En abril, agentes decomisaron 721 libras en un laboratorio ubicado en Bakersfield, mientras que en mayo fueron aseguradas otras mil 450 libras en instalaciones clandestinas de Visalia. En otra intervención relacionada se localizaron aproximadamente 320 libras adicionales dentro de un vehículo.
La fase final de la operación también permitió decomisar alrededor de 4 mil plantas de marihuana, 20 mil dólares presuntamente vinculados con actividades de narcotráfico y 20 armas de fuego.
El operativo concluyó con nueve arrestos y la ejecución de 16 órdenes de cateo, aunque otras personas ya habían sido acusadas previamente dentro de la misma investigación.
En las acciones participaron el FBI, la DEA, el Departamento de Seguridad Nacional, corporaciones estatales y distintas agencias policiales de California.
Si los acusados son declarados culpables, algunos podrían enfrentar penas mínimas de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua, además de multas millonarias, dependiendo de los cargos y antecedentes de cada caso.
Las autoridades estadounidenses aclararon que las acusaciones todavía deben probarse ante tribunales y que todos los señalados conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia.
