Organizaciones feministas en México elaboraron una guía para prevenir la violencia institucional, física y psicológica que enfrentan las mujeres dentro del sistema de justicia penal, en un contexto donde casi la mitad de las privadas de la libertad permanece sin sentencia.
De acuerdo con datos de Prevención y Reinserción Social del Gobierno de México, hasta abril de 2025 el 49.4 por ciento de las mujeres encarceladas no contaba con una sentencia, frente al 38 por ciento de los hombres.
Ante esta situación, la Red Feminista por el Acceso a la Justicia, integrada por siete organizaciones, desarrolló la Guía de actuación para visibilizar y atender las violencias y prácticas discriminatorias que ejercen las personas operadoras del sistema de justicia penal en México.
El documento busca identificar y combatir prácticas que, de acuerdo con las organizaciones, generan revictimización, discriminación y obstáculos para que las mujeres accedan a procesos judiciales con perspectiva de género.
En México, las mujeres representan aproximadamente 5 por ciento de la población penitenciaria, equivalente a 14 mil 28 personas privadas de la libertad hasta abril de 2025.
Testimonios revelan violencia institucional
La guía se elaboró a partir de testimonios de seis mujeres denunciantes y seis imputadas en Ciudad de México, Estado de México y Jalisco.
Entre los casos documentados se encuentra el de una mujer identificada como María, quien permaneció 19 años en prisión preventiva acusada de secuestro antes de ser absuelta en 2024.
Durante ese periodo, su hijo pasó de tener cinco años a convertirse en adulto y ella llegó a ser abuela. Tras recuperar su libertad a los 49 años, enfrentó miedo, frustración y secuelas emocionales, además del desafío de reconstruir su vida.
Las organizaciones identificaron patrones recurrentes de revictimización, falta de perspectiva de género, descrédito de los testimonios y dificultades para acceder a la justicia.
María Luisa Montoya García, integrante de la organización Haz Valer Mi Libertad, sostuvo que estos casos reflejan un sistema que “castiga doblemente” a las mujeres, quienes además suelen enfrentar un mayor abandono familiar durante su encarcelamiento.
Violencia física, sexual y abandono sanitario
La guía también documenta casos de tortura psicológica y física, violencia sexual y coerción dentro de los centros penitenciarios.
Montoya advirtió que algunas internas pueden ser sometidas a amenazas, abusos o castigos relacionados con exigencias de carácter sexual.
Otro de los problemas señalados es la falta de condiciones sanitarias adecuadas. Algunas mujeres carecen de productos básicos de higiene menstrual o ropa íntima, situación que puede obligarlas a recurrir a materiales improvisados.
Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, el 64.4 por ciento de las mujeres encarceladas reportó haber sufrido violencia psicológica antes de ser presentada ante una autoridad.
Además, el 29.9 por ciento recibió amenazas contra familiares, el 27.5 por ciento fue presionada para declarar y el 15 por ciento experimentó violencia sexual durante su reclusión.
Con la publicación de la guía, las organizaciones buscan que autoridades y operadores del sistema penal reconozcan estas prácticas y adopten mecanismos que garanticen un acceso a la justicia con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
