La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció por primera vez sobre la revocación de visas estadounidenses a algunos gobernadores y funcionarios mexicanos, al afirmar que se trata de «un asunto personal» y subrayar que cualquier señalamiento por presuntos actos ilícitos debe estar respaldado por pruebas y no por especulaciones.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la cancelación de una visa es una decisión soberana del gobierno de Estados Unidos y corresponde a la relación individual que cada persona mantiene con ese país, por lo que el Gobierno de México no interviene en ese tipo de determinaciones.
Sheinbaum enfatizó que, hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han compartido información oficial con el Gobierno mexicano sobre las razones específicas por las que se han retirado visas a algunos servidores públicos, por lo que consideró que no es posible emitir juicios sin contar con elementos concretos.
La presidenta recordó que el sistema de justicia mexicano establece que cualquier investigación o proceso debe sustentarse en evidencia y respetar el debido proceso, por lo que insistió en que ninguna persona puede ser considerada responsable únicamente por rumores o versiones difundidas públicamente.
Asimismo, afirmó que cuando existen pruebas suficientes sobre la posible comisión de un delito, las instituciones mexicanas actúan conforme a la ley, independientemente del cargo o filiación política de los involucrados.
Las declaraciones de Sheinbaum se producen en medio de la polémica generada por la revocación de visas estadounidenses a diversos políticos mexicanos, una medida que ha dado pie a especulaciones sobre posibles investigaciones relacionadas con corrupción o delincuencia organizada. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos no ha hecho públicos los motivos específicos de estas decisiones, ya que este tipo de procedimientos migratorios suelen manejarse de manera confidencial.
La mandataria reiteró que su administración mantendrá la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y combate al crimen organizado, pero dejó claro que cualquier actuación en territorio nacional deberá realizarse conforme a la legislación mexicana, con respeto al Estado de derecho y a la presunción de inocencia.
