Morena inició un procedimiento interno contra las diputadas poblanas Nayeli Salvatori y Grace Palomares, luego de que se viralizaran comentarios realizados en un podcast sobre personas adultas mayores, los cuales fueron señalados como discriminatorios y contrarios a los principios del partido.
La dirigencia nacional de Morena informó que solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia abrir una investigación para determinar si ambas legisladoras incurrieron en una falta a los estatutos del movimiento y, en su caso, definir las sanciones correspondientes, incluida una posible suspensión de sus derechos partidistas.
La polémica surgió tras la difusión de fragmentos del programa «Descasadas», donde las legisladoras realizaron comentarios y bromas sobre hombres adultos mayores relacionados con su apariencia física, olor y proceso de envejecimiento. El contenido generó una fuerte reacción en redes sociales y fue ampliamente criticado por usuarios y organizaciones, que calificaron las expresiones como ofensivas y edadistas.
Tras la controversia, ambas diputadas ofrecieron disculpas públicas. Una de ellas aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y anunció el cierre definitivo del podcast, además de informar que se alejará temporalmente de las redes sociales. La otra legisladora también manifestó su arrepentimiento y reiteró su respeto hacia las personas adultas mayores.
La dirigencia de Morena señaló que las expresiones no representan los valores del partido, que ha impulsado programas y políticas públicas en favor de este sector de la población. Asimismo, reiteró que ningún militante o servidor público está por encima de los principios de respeto, inclusión y no discriminación.
El procedimiento apenas inicia y no implica una sanción automática. Será la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la encargada de analizar las pruebas, escuchar a las involucradas y determinar si existió una violación a la normativa interna del partido, así como la medida disciplinaria que corresponda.
El caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los servidores públicos en el uso de redes sociales y plataformas digitales, así como la importancia de evitar discursos que promuevan la discriminación hacia cualquier grupo de la población.
