Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y primer mandatario estatal de oposición en la historia moderna de México, enfrenta un proceso judicial tras ser detenido por la Fiscalía General de la República (FGR), que lo señala como presunto integrante de una organización dedicada al llamado «huachicol fiscal».
De acuerdo con las investigaciones, la red habría utilizado carros tanque ferroviarios para importar combustible desde Texas hacia México mediante declaraciones aduanales presuntamente falsas. Mientras la documentación reportaba aproximadamente 10 mil litros por vagón, las autoridades aseguran que en realidad ingresaban hasta 110 mil litros, con el objetivo de evadir impuestos y controles de importación.
La FGR sostiene que este esquema operó entre enero y julio de 2025 y habría generado un daño superior a los 4 mil millones de pesos a la Hacienda Pública. El caso forma parte de una investigación más amplia que contempla al menos 25 órdenes de aprehensión contra empresarios y presuntos operadores de la organización.
Tras su captura en Ensenada, Baja California, Ruffo fue trasladado a la Ciudad de México para comparecer ante una jueza federal. La audiencia inicial se desarrolla mediante videoconferencia desde el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, donde también comparecen otros siete detenidos.
Las autoridades federales preparan el traslado de los imputados al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, debido a que los delitos de delincuencia organizada y aquellos relacionados con hidrocarburos contemplan prisión preventiva oficiosa.
El expediente también involucra a la empresa Ingemar, de la cual Ruffo Appel ha reconocido ser accionista. La Fiscalía sostiene que dicha compañía habría participado en las operaciones de importación del combustible, mientras que el exgobernador rechaza las acusaciones y afirma que la empresa únicamente realizaba servicios relacionados con trámites aduanales.
El caso ha provocado reacciones políticas debido al peso histórico de Ruffo Appel, quien en 1989 puso fin a décadas de hegemonía del PRI al convertirse en el primer gobernador de oposición electo en el país. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existe persecución política y que serán los jueces quienes determinen la responsabilidad de los acusados, dirigentes del PAN y otras figuras de oposición han pedido que la justicia se aplique con el mismo criterio para todos los actores políticos.
La investigación continúa y será el Poder Judicial quien determine si existen elementos suficientes para vincular a proceso al exgobernador y a los demás implicados, en uno de los casos de presunto huachicol fiscal más relevantes que ha enfrentado el país en los últimos años.
