El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva política global para restringir la entrega de visas a extranjeros responsables o cómplices de delitos cibernéticos, incluidas las estafas digitales y la sextorsión contra menores.
La medida fue anunciada este jueves por el secretario de Estado, Marco Rubio, como parte de una estrategia para perseguir a las redes criminales que operan desde otros países y utilizan medios digitales para defraudar, extorsionar o amenazar a ciudadanos estadounidenses.
La sextorsión consiste en amenazar a una persona con publicar imágenes, videos o contenido sexual íntimo para obligarla a entregar dinero, generar más contenido o cumplir otras exigencias.
Restricciones para responsables, cómplices y familiares
La política estará dirigida contra personas que participen directamente en estos delitos, pero también podrá alcanzar a quienes colaboren, faciliten recursos o sean cómplices de las organizaciones responsables.
En determinados casos, los familiares inmediatos de las personas señaladas también podrían quedar sujetos a restricciones migratorias y ser declarados no elegibles para ingresar a Estados Unidos.
La medida se aplicará con fundamento en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite negar la entrada a extranjeros cuya presencia pueda generar consecuencias adversas para la política exterior estadounidense.
Las restricciones pueden incluir la negativa para emitir una visa nueva o la revocación de un documento previamente otorgado. Sin embargo, el Departamento de Estado no detalló cuántas personas serían afectadas inicialmente ni dio a conocer una lista de posibles sancionados.
Pérdidas millonarias por estafas digitales
Rubio señaló que las estafas de inversión en línea provocaron pérdidas de al menos 10 mil millones de dólares entre ciudadanos estadounidenses durante 2024.
De acuerdo con el funcionario, muchas de estas operaciones son dirigidas por organizaciones criminales transnacionales con vínculos en Asia y utilizan centros de fraude en los que también se han documentado casos de corrupción, lavado de dinero, trata de personas y trabajo forzado.
La cifra mencionada por el Departamento de Estado corresponde a una estimación del gobierno estadounidense sobre las operaciones de estafa vinculadas con redes del sudeste asiático. Por separado, el FBI informó que las pérdidas totales reportadas por delitos en internet superaron los 16 mil millones de dólares en 2024.
Las estafas de inversión fueron una de las categorías con mayores daños económicos. La Comisión Federal de Comercio registró pérdidas por 5 mil 700 millones de dólares en este tipo de fraudes durante ese mismo año.
Sextorsión contra menores estadounidenses
El secretario de Estado también advirtió que delincuentes ubicados fuera de Estados Unidos han dirigido esquemas de sextorsión contra menores.
En estos casos, los agresores suelen contactar a las víctimas mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería o plataformas de videojuegos. Después de obtener imágenes íntimas —en ocasiones mediante engaños o suplantación de identidad— amenazan con distribuirlas si no reciben dinero.
La nueva política busca impedir que los responsables, facilitadores y posibles integrantes de estas redes puedan viajar o ingresar a territorio estadounidense.
Una estrategia que incluirá sanciones y extradiciones
Las restricciones de visas formarán parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración del presidente Donald Trump para combatir el ciberdelito, el fraude y otros esquemas digitales dirigidos contra ciudadanos estadounidenses.
El gobierno prevé combinar las medidas migratorias con sanciones económicas, procesos penales, decomisos de activos, solicitudes de extradición y cooperación internacional entre autoridades policiales.
La administración estadounidense ya había utilizado sanciones financieras contra personas y organizaciones relacionadas con centros de estafas digitales en el sudeste asiático.
Con la nueva política, Washington busca ampliar la presión sobre las redes criminales y actuar no solamente contra quienes ejecutan directamente los fraudes, sino también contra las personas que proporcionan tecnología, financiamiento, infraestructura o protección a estas operaciones.
El anuncio no significa que todas las personas investigadas perderán automáticamente su visa. Cada caso deberá ser evaluado por las autoridades estadounidenses conforme a la información disponible y a las disposiciones de la legislación migratoria.
