La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, enfrenta una nueva escalada de cuestionamientos luego de la difusión de audios en los que reconoce como suya la voz que sostiene conversaciones sobre la cancelación de su visa estadounidense, mientras una investigación periodística reveló un presunto beneficio inmobiliario obtenido por un familiar político tras una inversión de Toyota en la entidad.
Los audios, difundidos durante los últimos días, muestran a una persona identificada por la propia mandataria como ella misma conversando con supuestos intermediarios relacionados con autoridades de Estados Unidos sobre la revocación de su visa y la posibilidad de enfrentar sanciones. En una de las grabaciones también se menciona la posibilidad de compartir información vinculada con temas de seguridad como parte de una estrategia para resolver su situación migratoria.
Marina del Pilar reconoció que la voz es auténtica, aunque negó haber negociado acuerdos indebidos con autoridades estadounidenses. Afirmó que buscaba resolver el problema derivado de la cancelación de su visa mediante gestiones que consideró legítimas y sostuvo que fue víctima de una «trampa», responsabilizando al exgobernador Jaime Bonilla de haber facilitado el encuentro del que posteriormente surgieron las filtraciones.
Por su parte, Bonilla rechazó las acusaciones y aseguró que nunca organizó reuniones con autoridades de Estados Unidos ni tiene influencia sobre agencias de ese país. Además, sostuvo que las investigaciones estadounidenses ya existían antes de que se difundieran los audios y acusó a la gobernadora de intentar desviar la atención.
El caso también provocó reacciones desde el Gobierno Federal. La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que, si existen elementos, las autoridades deben investigar, aunque señaló que los audios por sí solos no acreditan la comisión de un delito. En el mismo sentido, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que la información compartida en las mesas de seguridad no compromete datos sensibles.
A la polémica se sumó una investigación publicada por Latinus, en la que se documenta que Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres —quien fue esposo de Marina del Pilar y actualmente es su excuñado—, adquirió en 2024 un terreno de más de 13 mil metros cuadrados colindante con la planta de Toyota en Tijuana.
Según el reportaje, la compra se realizó aproximadamente cuatro meses antes de que la armadora japonesa anunciara una importante inversión en esa planta. La investigación sostiene que el predio fue adquirido por alrededor de 400 mil pesos y que actualmente tendría un valor cercano a los 13 millones de pesos, debido al incremento de la plusvalía derivado del proyecto industrial.
Hasta el momento, no existe una resolución judicial que determine que la gobernadora haya participado directamente en esa operación inmobiliaria o que se haya cometido algún delito. La investigación periodística plantea la posibilidad de que familiares cercanos se hubieran beneficiado de información privilegiada, pero esas hipótesis no han sido acreditadas por una autoridad competente.
En paralelo, el Gobierno de Baja California ha reiterado que Toyota mantiene sus operaciones e inversiones en el estado y ha negado que la empresa tenga previsto abandonar la entidad, pese a ajustes anunciados en algunas líneas de producción.
Con la aparición de nuevos audios y las recientes revelaciones sobre el entorno familiar de la mandataria, el caso continúa escalando en el debate público y político, mientras la oposición exige mayores explicaciones y diversas voces piden que las investigaciones avancen para esclarecer los hechos.
