La presidenta Claudia Sheinbaum enfrentó reclamos de jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante una gira de trabajo en Tijuana, Baja California, donde un grupo de pensionados solicitó la revisión de la reciente reforma que limita las llamadas “pensiones doradas”.
Los manifestantes expresaron su preocupación por la posible aplicación retroactiva de las modificaciones constitucionales aprobadas este año, argumentando que la medida afecta derechos adquiridos después de décadas de trabajo en empresas estratégicas del Estado mexicano.
Durante el encuentro, varios jubilados pidieron certeza jurídica sobre el futuro de sus ingresos y señalaron que las condiciones bajo las cuales obtuvieron sus pensiones fueron establecidas legalmente al momento de su retiro. Los inconformes sostienen que cualquier modificación posterior vulnera acuerdos previamente establecidos y genera incertidumbre entre miles de pensionados.
La reforma impulsada por el Gobierno Federal establece límites a las pensiones de exfuncionarios y trabajadores de alto nivel en organismos públicos, con el objetivo de reducir privilegios y generar ahorros para las finanzas nacionales. Sin embargo, asociaciones de jubilados han advertido que la medida podría afectar a personas que ya habían consolidado sus derechos laborales y de retiro.
Ante los reclamos, Sheinbaum respondió que el tema se encuentra en revisión y aseguró que las autoridades correspondientes están atendiendo las inquietudes planteadas por los pensionados. No obstante, no se anunciaron cambios concretos ni una posible modificación a la legislación vigente.
La inconformidad se suma a una serie de movilizaciones y recursos legales promovidos en distintas partes del país por jubilados de Pemex, CFE y otras instituciones públicas, quienes buscan impedir que las nuevas disposiciones impacten beneficios obtenidos antes de la entrada en vigor de la reforma.
Mientras el Gobierno defiende la medida como una acción para combatir privilegios excesivos dentro del sector público, los pensionados sostienen que el debate debe centrarse en la protección de los derechos adquiridos y en el respeto a la seguridad jurídica de quienes dedicaron gran parte de su vida laboral al servicio del Estado.
