El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso sanciones económicas por un total de 777 millones de pesos e inhabilitó a varios exfuncionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), en una de las resoluciones más importantes derivadas del escándalo de corrupción que sacudió a este organismo federal.
Entre los sancionados se encuentra René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, junto con otros exservidores públicos que participaron en la autorización y ejecución de contratos relacionados con la compra de granos básicos. De acuerdo con las investigaciones, las operaciones presentaron múltiples irregularidades y provocaron un daño millonario al patrimonio público.
Las autoridades determinaron que los exfuncionarios aprobaron adquisiciones de maíz y frijol bajo esquemas que no cumplieron con los requisitos legales establecidos. Además, las auditorías detectaron que no existían pruebas suficientes para acreditar la entrega de los productos contratados ni justificaciones válidas para realizar compras de emergencia bajo las condiciones en que fueron autorizadas.
Como resultado, el TFJA ordenó la aplicación de multas millonarias y la inhabilitación de los responsables para ocupar cargos públicos durante los próximos diez años, al considerar que incurrieron en faltas administrativas graves y abuso de funciones.
El caso Segalmex ha sido señalado como uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de México. Las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación identificaron irregularidades por miles de millones de pesos relacionadas con contratos simulados, pagos por mercancía no entregada y operaciones con empresas bajo investigación.
Además de las sanciones administrativas, varios de los involucrados continúan enfrentando procesos penales por presuntos delitos como peculado, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso indebido de atribuciones.
Las autoridades señalaron que estas medidas buscan recuperar parte de los recursos públicos afectados y enviar un mensaje de cero tolerancia frente a actos de corrupción dentro de las instituciones gubernamentales.
