La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, denunció que existe una persecución política en su contra luego de que la Fiscalía General de la República la citara a comparecer como parte de la investigación relacionada con el operativo donde murieron dos presuntos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos en la Sierra Tarahumara.
La mandataria panista confirmó que acudirá ante la FGR para rendir declaración, aunque aseguró que el caso está siendo utilizado políticamente por Morena y por el gobierno federal para golpear a su administración en medio del creciente clima de confrontación política rumbo a los próximos procesos electorales.
El caso se originó tras un operativo realizado en abril en una zona serrana de Chihuahua, donde autoridades estatales participaron en acciones contra presuntas operaciones del crimen organizado. Durante el despliegue, un vehículo cayó a un barranco provocando la muerte de cuatro personas, entre ellas dos presuntos agentes vinculados con agencias estadounidenses.
A partir de los hechos, la FGR abrió una investigación para determinar si existió participación irregular de personal extranjero en territorio mexicano y si se violaron disposiciones relacionadas con soberanía nacional y seguridad interior.
Maru Campos negó haber autorizado o tenido conocimiento sobre la presencia de agentes estadounidenses en el operativo y defendió la cooperación internacional en materia de seguridad, aunque sostuvo que toda colaboración debe realizarse conforme a la ley y mediante canales oficiales.
La gobernadora también criticó el manejo político del caso y aseguró que las investigaciones se han convertido en una herramienta de presión contra gobiernos estatales de oposición. Además, cuestionó lo que considera un trato diferenciado frente a otros casos políticos relacionados con Morena y funcionarios señalados por investigaciones federales o internacionales.
El citatorio de la FGR elevó aún más la tensión política entre el gobierno federal y la administración de Chihuahua, mientras Morena y sectores oficialistas han impulsado cuestionamientos sobre la posible participación de agencias extranjeras en operativos realizados dentro del estado.
El caso también ha generado debate sobre los límites de la cooperación entre México y Estados Unidos en temas de seguridad y combate al narcotráfico, especialmente tras el aumento de presión de Washington sobre entidades fronterizas relacionadas con tráfico de drogas y crimen organizado.
Mientras continúan las investigaciones, el conflicto ya se convirtió en uno de los temas políticos más delicados para Chihuahua, mezclando acusaciones de persecución política, temas de soberanía nacional y tensiones entre autoridades estatales y federales.
