La crisis de desapariciones en México volvió al centro de la atención internacional luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU solicitara llevar el caso ante la Asamblea General, al considerar que la situación en el país es grave y requiere mayor escrutinio global.
De acuerdo con el organismo, México enfrenta un escenario crítico con más de 130 mil personas desaparecidas, además de indicios que podrían apuntar a desapariciones forzadas con posible participación o tolerancia de autoridades. El Comité advirtió que, de confirmarse un patrón sistemático, estos hechos podrían incluso encuadrar como crímenes de lesa humanidad.
El señalamiento se da en un contexto donde México concentra el mayor número de acciones urgentes a nivel mundial relacionadas con desapariciones, lo que ha incrementado la preocupación de organismos internacionales.
La respuesta del gobierno mexicano no se hizo esperar.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe de la ONU, señalando que se trata de una visión parcial que no refleja los esfuerzos realizados por su administración. El gobierno defendió que no existe una política de Estado para llevar a cabo desapariciones forzadas y aseguró que se mantienen acciones de búsqueda, investigación y colaboración con colectivos de víctimas.
Sin embargo, el tema sigue siendo motivo de tensión.
Diversos colectivos han cuestionado las cifras oficiales y han denunciado falta de resultados en la localización de personas desaparecidas, así como posibles omisiones en los procesos de investigación.
El contraste entre la postura del organismo internacional y la respuesta del gobierno mexicano vuelve a evidenciar la complejidad del problema, así como la presión creciente tanto a nivel nacional como internacional.
El caso no solo pone en debate la dimensión de la crisis, sino también la narrativa oficial frente a uno de los temas más sensibles del país.
