Una nueva controversia se abrió en torno a la política energética del gobierno federal luego de que se señalara que la administración de Claudia Sheinbaum permitió a la empresa Minsa, vinculada a la empresaria Altagracia Gómez Sierra, avanzar en esquemas de generación y cogeneración energética que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fueron restringidos o vetados para otras compañías, como OXXO.
El señalamiento ha generado críticas debido a que el gobierno anterior sostuvo una postura firme contra los permisos de autoconsumo eléctrico y esquemas privados de generación con gas natural, bajo el argumento de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y evitar “simulaciones” en el mercado energético. Sin embargo, en el nuevo gobierno se percibe un cambio de criterio que ha despertado cuestionamientos sobre la consistencia del proyecto político.
Minsa, una de las principales productoras de harina de maíz del país, ha sido además beneficiaria de contratos millonarios para el suministro de productos a programas sociales, lo que ha intensificado el debate público por la posible existencia de trato preferencial, dado que Altagracia Gómez Sierra forma parte del círculo cercano y asesor del actual gobierno en temas empresariales.
Aunque el gobierno federal ha rechazado que exista conflicto de interés y ha defendido que las decisiones se toman con base en criterios técnicos y legales, especialistas y opositores advierten que el mensaje político resulta contradictorio: mientras a grandes cadenas comerciales se les negó durante años el acceso a esquemas energéticos privados, ahora se abren excepciones para empresas con vínculos directos con la administración en turno.
La controversia también ha puesto sobre la mesa la pregunta sobre si la llamada “cuarta transformación” mantiene una línea clara en materia de política energética o si, con el cambio de gobierno, se está transitando hacia un modelo más flexible que, en los hechos, rompe con las restricciones impuestas durante el sexenio de López Obrador.
Hasta ahora, no se han presentado documentos oficiales que detallen públicamente los permisos otorgados ni las razones específicas para permitir estos esquemas en el caso de Minsa, lo que ha alimentado la percepción de opacidad y ha llevado a diversos sectores a exigir transparencia y rendición de cuentas.
El debate no solo gira en torno a la legalidad de las autorizaciones, sino al mensaje político que envía el gobierno: si las reglas son iguales para todos o si, una vez más, en México el acceso a ciertos beneficios depende de la cercanía con el poder.
