El Gobierno de Venezuela denunció ante la Organización Marítima Internacional (OMI) la confiscación de un buque petrolero por parte de Estados Unidos en aguas cercanas al país suramericano, informó este viernes el Ministerio de Hidrocarburos.
A través de una publicación en redes sociales, la cartera señaló que la incautación constituye “una violación flagrante de la libertad de navegación y del comercio marítimo”, al tiempo que acusó a Washington de apropiarse del crudo venezolano sin compensación. “Quieren el petróleo de Venezuela y lo quieren sin pagar”, afirmó el ministerio.
La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, sostuvo que Caracas recurrirá a los mecanismos del derecho internacional para responder al hecho. “Venezuela está haciendo lo que debe hacerse, que es apelar al derecho, apelar a la legalidad internacional y defender nuestros recursos naturales”, indicó.
Rodríguez exigió la activación de todos los mecanismos previstos en los convenios internacionales, entre ellos la protección de la libertad de navegación, la garantía del comercio marítimo petrolero y la sanción de actos hostiles contra embarcaciones civiles.
La denuncia se produce luego de que, el miércoles, Estados Unidos interceptara y confiscara un buque petrolero cerca de aguas venezolanas, un hecho que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro calificó como un “robo”. El petrolero, identificado como Skipper, navegaba con falsa bandera y fue incautado por orden de un juez estadounidense debido a sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington. No obstante, en el momento de la intercepción transportaba crudo venezolano, según reportó The New York Times.
El operativo incluyó el abordaje del buque por fuerzas estadounidenses fuertemente armadas, que actuaron desde helicópteros y lanchas rápidas. Posteriormente, la Casa Blanca informó que la embarcación será dirigida a un puerto de Estados Unidos, donde su cargamento será requisado.
Este episodio incrementa la tensión diplomática entre Caracas y Washington, en un contexto marcado por meses de despliegue militar estadounidense en el Caribe. Mientras la Casa Blanca sostiene que estas operaciones buscan combatir el narcotráfico, el Gobierno venezolano las interpreta como una amenaza directa orientada a desestabilizar y promover un cambio de Gobierno.
