El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) fue sentenciado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para una rebelión, tras el fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022. La decisión fue emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, tribunal encargado de procesar a exmandatarios y altos funcionarios.
Durante el juicio, la Fiscalía modificó su acusación inicial: pasó de solicitar 34 años de cárcel por el delito de rebelión consumada a pedir una pena menor por conspiración, luego de que el tribunal determinara que el golpe no llegó a ejecutarse por completo.
El fallido intento de disolver el Congreso
El 7 de diciembre de 2022, Castillo apareció en un mensaje televisado en el que anunció la disolución temporal del Congreso, la intervención del Poder Judicial y la instauración de un gobierno de excepción gobernado por decretos. La declaración se produjo minutos antes de que el Legislativo —de mayoría opositora— discutiera una nueva moción de vacancia en medio de acusaciones de presunta corrupción que involucraban al entonces mandatario.
Sin embargo, el anuncio no generó apoyo institucional y, en cuestión de minutos, el pronunciamiento quedó sin efecto. Castillo fue detenido mientras se desplazaba fuera del Palacio de Gobierno, presuntamente rumbo a la Embajada de México. Su familia logró llegar a la sede diplomática y obtuvo asilo, mientras que el mandatario fue destituido por el Congreso y enviado a prisión preventiva, donde permanece desde entonces.
Un proceso que marca un precedente
La sentencia representa uno de los fallos judiciales más importantes en la historia política reciente del Perú, al juzgar a un presidente por intentar vulnerar el orden constitucional. Castillo continuará recluido mientras enfrenta otros procesos relacionados con presunta corrupción durante su gestión.
