La captura y posterior colaboración de Ulises Pinto Madera, alias “El Mamado”, considerado segundo al mando de La Barredora, ha abierto un nuevo frente en uno de los casos más delicados de crimen organizado y política en México.
Pinto Madera se acogió a un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República (FGR), convirtiéndose en testigo colaborador y proporcionando información clave sobre la red de corrupción y delitos de la organización criminal presuntamente encabezada por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco.
Aunque hasta ahora no se ha confirmado que Bermúdez Requena busque convertirse en testigo colaborador, la posibilidad se mantiene latente. De hacerlo, el golpe político podría ser devastador: se abriría una caja de Pandora con revelaciones sobre complicidades, redes de protección y los verdaderos alcances de La Barredora en las estructuras de seguridad pública.
El nombre que inevitablemente aparece en este contexto es el de Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y actual figura clave en la política nacional. Bermúdez fue su secretario de Seguridad Pública, y los señalamientos sobre cómo La Barredora operaba bajo su gestión pesan cada vez más.
Si los testimonios de El Mamado —y eventualmente los de Bermúdez— señalan vínculos directos o tolerancia desde las más altas esferas del poder estatal, el prestigio político de Adán Augusto podría quedar gravemente comprometido.
La FGR enfrenta así una doble prueba:
- Judicial, para desmantelar a La Barredora con evidencias sólidas.
- Política, para demostrar que las investigaciones no se detendrán si los testimonios tocan a figuras con peso nacional.
Si Bermúdez opta por el silencio, el caso podría cerrarse en torno a mandos medios y operadores, dejando a salvo a quienes dieron cobertura política. Pero si decide colaborar, el costo podría ser una crisis política de gran magnitud que alcanzaría a personajes del círculo cercano de la presidencia pasada y pondría bajo escrutinio a Adán Augusto, hoy aspirante a mantener influencia en la 4T.
El caso La Barredora ya no es solo una investigación criminal: es un espejo incómodo de hasta dónde se entrelazan el crimen organizado y la política en México.
