La Fiscalía General del Estado de Veracruz ha reconocido públicamente que el médico José Eduardo Márquez Nava, responsable de firmar la necropsia de la maestra Irma Hernández Cruz, no cuenta con la especialidad ni la cédula profesional como médico forense, lo que ha desatado una ola de indignación entre la ciudadanía, colectivos de derechos humanos y familiares de víctimas.
La información fue confirmada por fuentes oficiales y medios locales, luego de que se revelara que Márquez Nava únicamente posee un título como médico cirujano general, expedido por la Universidad Autónoma de Tlaxcala en 2018, así como una cédula técnica en laboratorio clínico, pero ninguna acreditación formal en medicina legal.
El dictamen firmado por Márquez Nava fue pieza central en la narrativa oficial del fallecimiento de Irma Hernández, quien fue reportada como víctima de agresión física por parte de elementos policiacos. La necropsia concluyó que la maestra murió de un infarto agudo al miocardio, sin signos traumáticos internos graves.
Sin embargo, ante el cuestionamiento público y la presión de colectivos feministas y defensores de derechos humanos, la Fiscalía aceptó que el médico no está certificado como perito forense, aunque justificó su participación alegando que cumple con la formación mínima como médico y que fue evaluado internamente para ejercer como perito.
Especialistas en derecho penal han señalado que el caso podría encuadrarse en el delito de usurpación de funciones o profesión, tipificado en el Código Penal del estado. Esta figura se aplica a quienes ejercen cargos o actividades especializadas sin la acreditación legal correspondiente.
La gravedad del asunto recae en que el documento firmado por Márquez Nava ha sido utilizado para sustentar la postura oficial de que la muerte de Irma no fue consecuencia directa de las agresiones que sufrió, lo cual ha encendido aún más la controversia.
Este caso pone nuevamente en evidencia la grave crisis en el sistema forense del estado de Veracruz, que arrastra un déficit de especialistas, falta de infraestructura y señalamientos por negligencia y encubrimiento. Colectivos como “Solecito de Veracruz” han denunciado que la contratación de personal no calificado es una práctica recurrente y que las familias siguen enfrentando obstáculos para acceder a justicia real y veraz
